'Àmbit', asociación que trabaja por la inclusión de la población reclusa, acredita el fracaso de la salud mental en las prisiones valencianas
La situación es tal que harán llegar el informe a la ONU y a la UE, y reclamarán que un observador externo acuda a las prisiones valencianas, según ha explicado en la Ventana Comunitat Valenciana Javier Vilalta, director de Ámbit
Entrevista La Ventana Comunitat Valenciana (19-12-2022)
Valencia
El sistema de salud mental ha fracasado en España en general, pero en el caso particular de las prisiones el fracaso es tan escandaloso que Àmbit, la asociación que trabaja en la inclusión de la población reclusa en la sociedad, va a solicitar la presencia en las prisiones valencianas de un observador externo.
En el segundo informe presentado por esta organización queda claro que si los derechos de los reclusos ya parecen concebidos como derechos para una población de segunda, en el caso de la población reclusa con problemas psiquiátricos la situación se agrava. Lo que es peor teniendo en cuenta que el 40% de la población reclusa de la Comunitat Valenciana tiene problemas mentales, el 90% ha sido atendida en alguna ocasión por problemas mentales y el 65% del total está recibiendo algún tipo de medicación por la misma razón. Y la atención es deficiente, cuando no inexistente. Este año, durante seis meses, hubo un solo psiquiatra en la prisión de Picassent.
En el centro psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, tres. Javier Vilalta, director de Àmbit, afirma que ante tamaño ejemplo de incumplimiento de los derechos humanos y hasta de las leyes nacionales y europeas, van a pedir la presencia de un observador externo en las prisiones valencianas, y además harán llegar una copia del informe a la Unión Europea.
Javier Vilalta (Àmbit) denuncia la lamentable situación de la salud mental en las prisiones valencianas
Fruto de esta situación es también que la tasa de suicidio entre la población reclusa es entre once y catorce veces más alta que para la población en general. Explica Vilalta que, además, son muchas las personas que descubren que sufren alteraciones psiquiátricas cuando ya están en prisión precisamente como consecuencia de acciones que han cometido por sus problemas psiquiátricos.
El informe destaca el caso de "una mujer, que, debutando, asesinó a sus hijos. Cuando fue consciente de ello, estaba en aislamiento en prisión y tuvo que enfrentarse al duelo por la pérdida de sus hijos y a la culpa por algo que ella no había decidido hacer".
Y añaden que la situación se agrava en el caso de los CIES. Centros considerados no penitenciarios en los que la atención médica está subcontratada a una empresa externa y en los que se interrumpe cualquier tratamiento, sea de lo que sea. Vilalta afirma que cuando presentaron el primer informe los grupos parlamentarios se comprometieron a tomar iniciativas para intentar que las competencias de la sanidad penitenciaria sean autonómicas. Pero de lo prometido apenas hay nada. Si acaso, algún tímido intento por parte de la conselleria de Igualdad, pero nada más.