La Comunitat Valenciana ha incrementado un 121% el número de beneficiarios de la Renta Mínima

Valencia

La Comunitat Valenciana ha incrementado un 121 % el número de personas beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital, mientras que ha aumentado más de un 60 % el presupuesto destinado a este complemento.

Así lo refleja un análisis de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que alerta de que "muchas comunidades han desmantelado o están desmantelando su sistema de protección a las personas y familias en situaciones de exclusión social" a través de la Renta Mínima de Inserción tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital.

El informe revela que Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Madrid y Castilla y León redujeron sus presupuestos para este fin en torno al 50 % o más y que, aunque algunas destinaron este "ahorro" a programas de inclusión social u otras políticas sociales, como las dos últimas, para otras "supuso sin más una reducción de su gasto social, en un año tan marcado por la crisis sanitaria y social como fue 2021".

En el conjunto del país, el número de beneficiarios de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) se redujo en 150.000 personas en 2021 respecto a 2020 y sólo el 7,1 % de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España (645.317 personas) se beneficia de estas ayudas.

Por comunidades, el informe señala que Castilla-La Mancha registra el mayor descenso porcentual de su ya "exiguo" gasto en Rentas Mínimas de Inserción, con una reducción de más de las dos terceras partes del mismo (66,7 %).

Los Directoras y Gerentes de Servicios Sociales apuntan que en esa comunidad y también en Madrid, Castilla y León, Aragón y Extremadura las RMI "están siendo sustituidas por el Ingreso Mínimo Vital (IMV)".

Una situación que "contrasta", añaden, con la de comunidades como la Valenciana, Cataluña y Canarias, "donde se han reforzado como complemento del IMV", con incrementos presupuestarios que en el caso de las dos primeras superan el 60 %.

Esta "situación de retroceso, en unos casos, y de refuerzo en otros", afirman, se pone de manifiesto también en la evolución del número de perceptores, donde las mismas comunidades que han reducido su gasto, reducen "significativamente" el número de personas beneficiarias, hasta en un 73 % en Castilla-La Mancha, en contraste con el incremento del 121 % en la Comunitat Valenciana.

Navarra y País Vasco siguen destacando con elevados porcentajes de beneficiarios respecto a su población bajo el umbral de la pobreza, con un 75,8 % y un 55,8 %, respectivamente, mientras que en Castilla-La Mancha "se confirma la extinción de estas RMI", según la asociación.

La cuantía media por perceptor de las RMI en el conjunto de España supone el 15,9 % de la renta media por hogar en el conjunto del país, una cifra que para las Directoras y Gerentes de Servicios Sociales es "extremadamente baja" y que se ha reducido más de un punto desde 2019, al pasar del 17,1 % al 15,9 %.

Cataluña, Baleares, Comunitat Valenciana y Asturias son las comunidades que están por encima de la media, en tanto que en Murcia, Madrid y Aragón el porcentaje que supone la cuantía media de las RMI no alcanza el 10 % de la renta media por hogar en esas regiones.

Tras constatar esta situación, la Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha querido subrayar que "pobreza no es igual a exclusión social" y que "el IMV trata de aliviar situaciones de pobreza, aunque por su cuantía resulta a todas luces insuficiente", mientras que "la finalidad de las Rentas Mínimas de Inserción es facilitar la inclusión social, por lo que deben orientarse a apoyar a las personas y familias con ayudas económicas y acompañamiento profesional".

Por eso reclaman a las comunidades "que, como ya ha hecho alguna de ellas, destinen el ahorro que ha supuesto la implantación del IMV a reforzar sus programas de inclusión social que, entre otras causas, pueden estar producidas por las situaciones de pobreza prolongadas".