La Abogacía de la Generalitat acusa al Ministerio de Transición Ecológica de deslealtad institucional en sus alegaciones por el trasvase Tajo-Segura

Valencia

La Generalitat ha presentado este martes sus alegaciones al Consejo de Estado, al que pide que emita un informe desfavorable sobre el plan del Tajo por defectos que pueden determinar su nulidad de pleno derecho.

La Abogacía de la Generalitat acredita que, con la actuación del Ministerio para la Transición Ecológica “se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, lealtad institucional, transparencia y buen gobierno”. Considera en su informe que no se ajusta a la legalidad el hecho de cambiar, posteriormente y sin aviso previo, un texto que fue sometido a votación y aprobado por el Consejo Nacional del Agua. Y también pide que se introduzca de nuevo la versión original de la disposición adicional novena sobre la fijación de los caudales ecológicos porque la nueva redacción adolece de “falta de criterio y rigor técnico”.

La petición del ejecutivo autonómico se basa en las alegaciones elaboradas por la Abogacía de la Generalitat Valenciana, que ya han sido remitidas al órgano consultivo del Gobierno, en las que se acreditan "defectos acaecidos en la tramitación del proyecto" en referencia al hecho de cambiar, posteriormente y sin aviso previo, un texto que fue sometido a votación y aprobado por el Consejo Nacional del Agua.

En concreto, se refiere al cambio de redacción que sufrió la disposición adicional novena del proyecto de real decreto y, sobre todo, en la manera en que se llevó a cabo ese cambio.

El primer texto de esa disposición vinculaba el establecimiento de los caudales ecológicos a una valoración previa del estado ambiental que presentasen las masas de agua, que fue aprobado mayoritariamente en la reunión del Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre.

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Sin embargo, con posterioridad a ese encuentro, se procedió a efectuar una nueva redacción del texto que no es la que había sido sometida a debate y votación en el seno del Consejo Nacional del Agua, según indica la Generalitat Valenciana.

El nuevo texto "impone unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos hasta el año 2027 sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas, con el consiguiente y grave perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura", argumenta.

Ese texto modificado "de manera unilateral" por el Ministerio para la Transición Ecológica, sin comunicar con anterioridad el contenido de ese cambio ni al Gobierno valenciano ni al propio Consejo Nacional del Agua, es el que finalmente ha llegado al Consejo de Estado, por lo que la Generalitat Valenciana entiende que "no ha sido sometido a los principios de participación ciudadana y concertación" y que, por tanto, podría haberse producido "una nulidad de pleno derecho en la emisión del informe preceptivo".

La Abogacía de la Generalitat Valenciana sostiene que se ha tomado "una decisión arbitraria basada en la libre voluntad de la Administración redactora de la norma" y que durante el proceso "se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, buen gobierno y transparencia", principios amparados por la Constitución y por el régimen jurídico de las administraciones públicas.

Por estos motivos, pide que se introduzca de nuevo la versión original de la disposición adicional novena, relativa a los caudales ecológicos, que resulta "fundamental" para garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura.

Además, considera que el nuevo texto del Ministerio habla de estudios y evaluaciones cuando, al mismo tiempo, fija de antemano unos caudales ecológicos al alza sin compromiso alguno de establecerlos en función de un análisis previo.

En consecuencia, la introducción de ese programa de seguimiento al que se alude en la redacción modificada "ha quedado totalmente desnaturalizada y se ha convertido en ilógica e inútil", de manera que el nuevo texto enviado por el Ministerio al Consejo de Estado adolece de "falta de criterio y rigor técnico".

Tras alertar de que la nueva redacción "cuestiona el trasvase y no tiene en cuenta los impactos económicos que ocasiona", insiste en recuperar la versión inicial "para conseguir la seguridad hídrica, dado que la propia instrucción de Planificación Hidrológica considera la necesidad de un análisis previo a la fijación de los caudales ecológicos en el plan".

Puig: "Se produjo un acuerdo y no se ha actuado de una manera correcta"

El jefe del Consell, Ximo Puig, ha afirmado que las alegaciones de la Generalitat estiman que no se ha hecho lo correcto y que si no se comparte la decisión del Consejo del Agua, hay que volverlo a convocar. Puig no quiere una guerra del agua sino buscar soluciones, tanto al precio del agua desalada como al caudal ecológico del Tajo. Asimismo, espera que el Consejo de Estado escuche las reclamaciones de la Comunitat y de Murcia.

Respecto a la manifestación de los regantes de este miércoles, Puig dice que están en su perfecto derecho pero hay quienes utilizan la movilización para aprovecharse en beneficio propio.

Teresa Ribera pide evitar otra guerra del agua

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha hecho un llamamiento in extremis a evitar otra guerra del agua a menos de 24 horas de la manifestación de los regantes. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ribera ha lamentado que se esté haciendo "una tergiversación de la realidad en favor de un territorio".

Tras admitir que es "un tema muy sensible", ha explicado que el Ministerio que dirige ha remitido al Consejo de Estado "lo que consiguió el respaldo mayoritario del Consejo Nacional del Agua". Ribera asegura que "lo peor es no ver esa realidad", porque los datos, expone, les avalan.