Las ITV piden a la Generalitat una prórroga de 15 meses por las pérdidas provocadas tras la suspensión de la prueba de sonido

València

La Asociación de Entidades Concesionarias de las ITV de la Comunitat Valenciana, AECOVA, solicita a la Generalitat una prórroga de un año y tres meses en la concesión del servicio porque quieren que se les compensen los ingresos que van a perder por la eliminación de la prueba de medición de sonido.

Algunas de las empresas concesionarias tienen prorrogado el servicio de las ITV hasta el 22 de febrero y otras hasta el 3 de marzo, cuando pasará a ser de gestión pública, pero en estos tres meses van a perder ingresos porque desde el 1 de enero, con la entrada en vigor de la Ley de Acompañamiento, se ha suprimido la prueba de medición. Francisco Llopis, portavoz de AECOVA, reclama que puedan gestionarlo hasta principios de 2024 para recuperar lo que van a perder: "El problema fundamental es que, al quitar una prueba, los márgenes son diferentes".

Llopis señala que las pruebas de medición tienen un coste aproximado de 10 euros y, según sus cifras, las pérdidas van a ascender a unos 20 millones de euros, porque hasta marzo calculan que harán dos millones de pruebas.

A su juicio, la eliminación de la prueba de sonido reduce entre tres y cinco minutos el tiempo requerido para pasar las ITV, y eso va a provocar una reducción de personal de unas 300 personas: "Sobra aproximadamente el 20% de la estructura". Llopis critica que hay "muchos flecos abiertos, no hay conversación diaria y se están tomando decisiones que pueden llevarnos a un caos de las ITV".

La empresa pública asegura que no habrá prórroga

El director general de la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos, Josep Antoni Albert, la empresa pública que asumirá el servicio, se muestra tajante: "No habrá prórroga".

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Defiende que la decisión de eliminar la prueba fue tomada por Les Corts Valencianes, al votar la Ley de Acompañamiento, para homogeneizar las tarifas de las ITV con el resto de España: "Los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat, cada vez que llevaban su vehículo, estaban pagando las tarifas más caras del territorio". A su juicio, no tiene que haber compensación por esa merma de ingresos, pero "si quieren reclamar, que reclamen".

Albert defiende que esa prueba de medición no estaba en el contrato de concesión firmado hace 25 años y señala que es "un regalo de Zaplana", president de la Generalitat en aquel momento.

Respecto a la afección que podría provocar en la plantilla, Albert señala que "esa es su apreciación, nosotros entendemos que no".