La delegada del gobierno en la Comunitat Valenciana afirma que la Generalitat está en su derecho de reclamar que no se recorte el trasvase Tajo-Segura, pero que el gobierno central debe cumplir la ley

Valencia

Lo importante es garantizar agua para siempre y en eso está el gobierno de España. Es la respuesta de la Delegada del Gobierno Pilar Bernabé a la pregunta sobre qué espera de las alegaciones presentadas por la Generalitat al consejo de estado después de que la ministra Teresa Ribera cambiara, de forma unilateral, las condiciones del trasvase Tajo-Segura. El gobierno de la Generalitat está en su derecho de protestar y el gobierno de España dialogará para intentar llegar a una solución que basa en las obras comprometidas de refuerzo de la desalación y la depuración para en 2026 tener agua suficiente sin depender del trasvase.

El Consejo de Estado abordará este jueves el dictamen del proyecto de real decreto de revisión de los 12 planes hidrológicos (2022-2027), que incluye la modificación de los caudales ecológicos del trasvase Tajo-Segura, que tanta controversia ha avivado entre las comunidades autónomas implicadas. El máximo órgano consultivo gubernamental debatirá el acuerdo alcanzado en la reunión del Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre y emitirá un informe "favorable o desfavorable", antes de su futura aprobación en un próximo Consejo de Ministros.

La "nueva batalla por el agua" se sitúa a finales del 2022, cuando el Consejo Nacional del Agua aprobó el 3ª ciclo de los planes hidrológicos para las distintas cuencas, entre ellos el del Tajo, y en los que se incluyen los "caudales ecológicos": caudales mínimos de agua que deben discurrir por los ríos. En el plan del Tajo, implantación de dichos caudales significará un recorte del agua a trasvasar del Tajo al Segura lo que supondría, para las cuencas receptoras -Alicante, Murcia y Almería- la pérdida de más de 100.000 empleos y desestabilizar la sociedad del Levante, según datos facilitados por el Sindicato de Regantes (Scrats).

La Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía han presentado alegaciones a ese plan por considerar que, si finalmente se llevara a cabo, la balanza de exportaciones nacionales perdería alrededor de unos 18.000 millones de euros, procedentes de las exportaciones de frutas y verduras del Levante.

Desde el Gobierno valenciano han apelado para que los caudales ecológicos se determinen en función del estado del río cada año, y han pedido al Consejo de Estado que el documento sobre los planes que se les remitió para su estudio sea "el acordado y votado" en el Consejo Nacional del Agua del pasado 29 noviembre. Dicha petición -apuntan desde la Generalitat- se basa en "defectos en la tramitación del proyecto" en referencia al cambiar y sin aviso previo, la disposición adicional novena y, sobre todo, la manera en que se llevó a cabo ese cambio.

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El primer texto de esa disposición ligaba los caudales ecológicos a una valoración previa del estado ambiental de las masas de agua, aprobado mayoritariamente en dicha reunión del Agua; sin embargo, según Valencia, con posterioridad a ese encuentro, se procedió a una nueva redacción del texto, que no fue sometida a debate y votación. El nuevo texto "impone unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos hasta el año 2027 sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas, con el consiguiente perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura".

Para la Generalitat, el texto modificado "de manera unilateral" por el Ministerio para la Transición Ecológica, sin comunicar con anterioridad el contenido de ese cambio ni al Gobierno valenciano ni al propio Consejo Nacional del Agua, "es el que finalmente ha llegado al Consejo de Estado".