El Consejo de Estado emite un dictamen unánime sobre los planes de cuenca y el recorte del Tajo-Segura
Será remitido este mismo jueves al Ministerio para la Transición Ecológica
Alicante
El Consejo de Estado ha aprobado por unanimidad el dictamen del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas y que incluye la modificación de los caudales ecológicos del río Tajo.
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Además, también ha aprobado por unanimidad, entre otros asuntos, el proyecto de Real Decreto de los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas.
El informe preceptivo del alto órgano consultivo incorporará los comentarios realizados por los consejeros y será enviado esta misma tarde al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Una vez que el dictamen esté en el departamento que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ese departamento tendrá que estudiar e incorporar al proyecto de Real Decreto los comentarios de la institución.
Así, una vez modificado el texto, los planes de cuenca para el tercer ciclo de planificación 2022-2027 se elevarán al Consejo de ministros para su aprobación definitiva y posterior remisión a la Comisión Europea, con retraso, ya que España debía haberlo hecho antes de finalizar 2022.
En concreto, el Real Decreto contempla la planificación hidrológica de las demarcaciones Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar, así como de la parte española de los ríos internacionales, compartidos con Portugal: Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana; y con Francia: Cantábrico Oriental y Ebro.
El complejo expediente analizado por el Consejo de Estado sumaba entorno a 5.000 folios entre los que figura la polémica modificación de los caudales ecológicos del trasvase Tajo-Segura, que han sido criticados por Murcia, Comunitat Valenciana y Andalucía y defendidos por Castilla-La Mancha.
El expediente del Real Decreto llega al Consejo de Estado con todos los documentos acumulados en su tramitación y con la petición de audiencia de las citadas comunidades autónomas, que discrepan fundamentalmente del establecimiento de caudales ecológicos en el río Tajo y que afectan a los volúmenes de agua transferibles de esa cuenca al Acueducto Tajo-Segura.
El Gobierno remitió al Consejo de Estado su propuesta de Real Decreto y solicitó a la institución consultiva un dictamen por el procedimiento de urgencia con el fin de recibirlo antes del 20 de enero.
El trámite recayó en la sección octava del Consejo de Estado, que preside el consejero permanente Enrique Alonso García. El Consejo de Estado también ha analizado este jueves el proyecto de Real Decreto por el que se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas, un asunto aprobado también por unanimidad y cuyo dictamen también será remitido este mismo jueves al Ministerio para la Transición Ecológica.
Reacciones
Y las reacciones políticas no se han hecho esperar. Fuentes del Consell dicen desconocer el contenido concreto de lo decidido por el Consejo de Estado, pero añaden que el Ejecutivo valenciano usará "cualquier vía en defensa de los regantes de Alicante". Además, aseguran que mantendrán "abiertas las vías de diálogo" para intentar lograr una solución consensuada.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante, el popular Carlos Mazón, asegura que esta decisión es fruto de la acción del PSOE de Pedro Sanchez y de la abstención de Ximo Puig, que ya no puede disimular porque, asegura, sus hechos le delatan. Por ello, anuncia que convocará en breve la Comisión del Agua para estudiar posibles acciones y revertir esta situación.
Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante, critica la eliminación de una posible revisión de los caudales ecológicos del Tajo
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Por último, la Unió Llauradora ha pedido al Gobierno que obvie todo lo que hace referencia al trasvase Tajo-Segura en el dictamen de revisión de los planes hidrológicos y que se siente a negociar para no entrar "en una nueva guerra absurda del agua". Para la Unió, la decisión del Consejo de Estado "no quita ni un ápice de legitimidad a las demandas" de esta organización agraria y de los regantes alicantinos.