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La empresas concesionarias de las ITV piden la intervención de Puig para evitar el caos y el colapso cuando la gestión sea pública

La concesión expira para algunas empresas a finales de febrero y para otras, a principios de marzo

Estación ITV de Massalfassar en Valencia / Aecova

València

La empresas concesionarias de las ITV instan al president de la Generalitat, Ximo Puig, a intervenir para evitar el caos y el colapso que se pueda producir a partir del 3 de marzo, cuando está prevista la recuperación de la gestión del servicio por parte la Conselleria de Economía, que ha creado para ello una empresa pública. Insisten en que para que haya una transición "tranquila y ordenada" es necesaria prorrogar las concesiones 15 meses.

Francisco Llopis, gerente de Aecova reclama una vez mas al conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, que se siente a dialogar con las concesionarias porque "carece de un plan organizado para que la empresa pública asuma la prestación del servicio de las ITV en condiciones". Le instan a pactar un calendario que permita una transición correcta que no perjudique a los usuarios, tanto particulares como profesionales. Cree que la Conselleria está sobrepasada, que no está preparada para asumir la gestión y critica que tampoco haya aclarado las circunstancias en las que se asumirán los 1.200 trabajadores. Llopis señala que se imponen las condiciones para el traspaso y, por ejemplo, se les obliga a mantener los contratos con los proveedores hasta el 30 de junio, sin aclarar si será la Conselleria la que les pague.

Francisco Llopis desvela que la Conselleria les obliga a mantener los contratos con los proveedores

Llopis afirma que por el decreto de reversión se va a suprimir el servicio de las unidades móviles que prestan servicio a poblaciones de la provincia de Alicante que no tienen estación y desaparecerán las de Pilar de la Horadada y Redován. Añade que se han recurrido las decisiones de la Conselleria de manera colectiva e individual y pide la intervención del presidente Puig si no hay una respuesta inmediata de Climent. También señala que la supresión de la prueba de ruido va a provocar perdidas a las concesionarias ahora, pero también a la empresa pública cuando asuma la gestión, así que "la ITV pasará a a ser un servicio público deficitario, cuando ahora la Generalitat ingresa 20 millones".

Ana Talens

Redactora de Radio Valencia