Miles de personas se manifiestan en València contra los macroproyectos de energía renovable

València

Medio centenar de asociaciones de 40 municipios de la Comunitat Valenciana se han manifestado este sábado en València contra el "fraude" de la transición energética y han advertido de que los macroplanes eólicos y solares "provocan la muerte de aves, la tala de árboles y siembran el paisaje de cables, torres y subestaciones eléctricas con gravísimos impactos ambientales". "Pedimos que se apueste por unas energías renovables éticas de verdad", han subrayado.

La protesta, convocada por la Coordinadora Valenciana por una Ubicación Racional de las Energías Renovables, ha arrancado a las 12.00 desde las puertas del Palacio de Justicia, junto a la Glorieta, hasta llegar al Palau de la Generalitat, y ha contado con la asistencia de la consellera de Agricultura y Transición Ecológica, Isaura Navarro (de cuyo departamento depende la declaración de impacto ambiental de los proyectos de hasta 50 megavatios) y del vicepresidente segundo del Consell y responsable de Vivienda, Héctor Illueca.

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Bajo el lema 'Renovables sí, pero no así', los manifestantes han denunciado que promotores y fondos de inversión "eligen los lugares más baratos del interior, sin contar con el consenso ni la opinión de los ciudadanos". Las asociaciones han pedido que se paralice el modelo planteado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y por la Generalitat Valenciana y que se apueste por unas energías renovables éticas "de verdad".

El portavoz de la Coordinadora Valenciana por una Ubicación Racional de las Energías Renovables, Julio Rodrigo, ha subrayado que hay zonas agrícolas "donde los agricultores han invertido mucho dinero y, si ahora les expropian los terrenos, van a tener que pagar mucho dinero". "¿Por qué no pensamos en zonas degradadas como otros países?", se ha cuestionado Rodrigo, quien ha agregado que estos lugares "pueden ser autovías, carreteras, vertederos o zonas sin cultivo".

El portavoz de la plataforma ha señalado que, por ejemplo, en Villar del Arzobispo (Valencia), las plantas fotovoltaicas "van a ir a la zona agrícola de regadío", cuando es el pueblo de la Comunitat Valenciana que "más canteras tiene". "No tiene sentido plantearse que la agricultura en algunas zonas concretas debe transformarse en plantas fotovoltaicas", ha defendido Rodrigo.

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En este sentido, ha apostado por "otro modelo" y han considerado que se debería haber empezado "al revés". "Posiblemente, hagan falta plantas grandes, pero no primero grandes y luego de autoconsumo, comunidades energéticas y comunidades energéticas locales, la propuesta es darle la vuelta a lo que se ha planteado", ha argumentado.

Presencia política

La consellera de Agricultura y Transición Ecológica, Isaura Navarro, de Compromís, que también ha asistido a la marcha, ha señalado que, hasta ahora, las empresas "han decidido donde hacer la solicitud para instalar las plantas y hay que cambiar eso". "Lo que hacemos entre la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo; la de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad; y la de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia climática y Transición Ecológica es trabajar para establecer qué zonas son preferentes para instalar renovables", ha concretado.

En este punto, Navarro ha indicado que se invitará a las empresas a "ir a las zonas degradadas y, si hacen ahí su tramitación, será mucho más ágil y sencilla". No obstante, ha subrayado que, "si se va a lugares que tienen una afección a la biodiversidad, se tienen más posibilidades de que sea denegado".

Por su parte el vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca, de Unides Podem, pide un informe riguroso de todas las macroplantas que se planeen. Teme que las renovables acaben derivando en una burbuja especulativa, como la urbanística de los años 2.000.

La Generalitat es la responsable de aprobar los estudios de impacto ambiental y las autorizaciones para funcionar de las plantas de energía renovable de hasta 50 megavatios, que pueden ocupar alrededor de 100 hectáreas de terreno.

"Conectar intereses de todos"

"Se trata de conectar los intereses de todos porque desde la Generalitat apostamos por las energías renovables, pero tenemos que ver dónde se ubican para generar el menor daño posible", ha resaltado.

Al respecto, Navarro ha subrayado que la tramitación "es estatal si es de más de 50 y, si es de menos, es de la Generalitat". En este sentido, ha apuntado que "muchas empresas han hecho varias de 49 que estaban juntas para que la tramitación sea autonómica", algo que ha considerado que "no es correcto".

Por ello, ha abogado por encontrar "un equilibrio" para "avanzar en las energías y proteger las tierras, el cultivo, pues tenemos también que defender la soberanía alimentaria que hay en la Comunitat Valenciana gracias a que el terreno es muy fértil".

Por su parte, el escultor Miquel Navarro --cuyo museo al aire libre en Siete Aguas (Valencia) está afectado por esta situación-- ha denunciado esta problemática: "Me veo afectado sobre todo porque no sé exactamente dónde van esos molinillos".

"La información que tengo es de que rompen el 'skyline' del paisaje", ha denunciado, al tiempo que ha incidido en que está de acuerdo con un paisaje "donde esté la huella del hombre". "Pero cada cosa en su sitio y en cada momento", ha recalcado.

Preguntado por cuál es su postura ante este proyecto, el escultor ha lamentado que tiene "una sensación de tristeza". "Quiero que se abra el diálogo, que estemos más informados y que podamos opinar mejor todos", ha apuntado.

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En este sentido, ha denunciado que se han enterado "a última hora". "Yo, que no entro en informática, he tenido a un abogado que ha indagado y solo hemos tenido dos días para presentar alegaciones, eso es muy poco", ha manifestado. "No quiero que este acto tenga un matiz político porque, de una misma ideología, hay unos ayuntamientos que han dicho que no y otros que sí", ha subrayado.

"Alterada para siempre"

Igualmente, un miembro de la plataforma de Siete Aguas, Joaquín Rodrigo, ha lamentado que, si este proyecto se lleva adelante, "la vida del pueblo quedará condicionada para los próximos 25 años, y esa imagen de Siete Aguas como municipio turístico, residencial y de excursión quedará alterada ya para siempre".

Por su parte, la representante de la asociación Nostra Terra de las Cuevas de Vinromà (Castellón), María Cintia Moliner, ha denunciado que está previsto instalar un macroproyecto fotovoltaico llamado Magda de casi 260.000 paneles solares en la zona de la Plana Alta. "Solo en el municipio de las Cuevas de Vinromá se talarían más de 60.000 árboles productivos, sobre todo almendros", ha denunciado.

Moliner ha señalado que durante el periodo de información pública "se presentaron miles de alegaciones de toda la comarca", pero ha lamentado que todavía "no se ha hecho la declaración de impacto medioambiental". "Los informes que se han emitido desde distintas consellerias, aunque el proyecto lo tramita el Ministerio, son, en su mayoría, negativos", ha remarcado.

Asimismo, ha subrayado que con la implantación "no ordenada" de plantas fotovoltaicas en comarcas de interior despobladas "no va a solucionar el declive demográfico ni la España vaciada, al contrario, va a estar mucho más vaciada y más pronto".

"Esto tiene que parar"

Por su lado, el concejal del Ayuntamiento de Villena (Alicante) y profesor titular del departamento de Ecología de la Universidad de Alicante, Antonio Pastor, ha alertado de que la forma de proceder del Gobierno de España y del Consell "va a perjudicar al territorio de una manera sustancial".

"Esto tiene que parar y se tiene que reorganizar pensando en que la planificación va delante y la concurrencia de las empresas va detrás", ha defendido, al tiempo que ha indicado que, "si esto no se hace, se va a llevar a cabo un daño ecológico irreparable".

Asimismo, el edil ha invitado a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a que explique "por qué las empresas eléctricas tienen tanto poder". "La política tiene que servir para resolver los problemas de la ciudadanía y del territorio, y, si no lo hacen, los políticos tienen que cambiar su actitud o sus decisiones", ha remarcado.