Francisco Camps se sienta desde este lunes en el banquillo en un nuevo juicio de la trama Gürtel
El expresident de la Generalitat se enfrenta a dos años y medio de cárcel por haber beneficiado presuntamente a la trama
(EFE)
València
La Audiencia Nacional celebra desde este lunes el juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, por las irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel', del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009, unos hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción pide que sea condenado a dos años y medio de cárcel.
El inicio de la vista oral, que sentará a otros 26 acusados en el banquillo, viene precedido de una cascada de confesiones y conformidades de algunos de los principales nombres ligados a 'Gürtel'. El líder de la trama, Francisco Correa, su 'número dos', Pablo Crespo, la administradora de la misma, Isabel Jordán, el gerente de Orange Market, Cándido Herrero, y el responsable de la misma, Álvaro Pérez Alonso, alias 'El Bigotes', han remitido escritos de reconocimiento los hechos y se han adherido a las conclusiones planteadas por la Fiscalía.
El Ministerio Público pide imponer dos años y seis meses de cárcel a Camps como autor de un delito de prevaricación y otro de fraude a la administración al considerar que participó de forma activa en el direccionamiento del contrato de Fitur 2009 a favor de Orange Market.
De acuerdo con el relato de la Fiscalía Anticorrupción, Correa, 'El Bigotes' y Herrero, se concertaron con Camps para que éste, como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario para que el contrato del montaje del 'stand de Grandes Proyectos' de Fitur fuera directamente adjudicado a Orange Market.
Camps carga contra las conformidades
El propio Camps remitió el pasado mes de julio un escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que pedía que no tuviese en cuenta el aluvión de confesiones recordando que los acuerdos de conformidad solo pueden valorarse como "autoincriminatorios", es decir, para quienes confiesan, sin que puedan condicionar al resto de acusados. Correa, que ya acumula condenas por más de 90 años de cárcel, ha planteado una condena de 2 años y 3 meses de cárcel y una multa de 134.500 euros por delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
"El máximo responsable de los delitos que se imputan en este procedimiento soy yo", escribió de su puño letra en un documento redactado desde la cárcel de Valdemoro (Madrid) el pasado 6 de julio de 2022. En su escrito, el líder de la 'Gürtel' se atribuye la idea de crear Orange Market para "obtener contratos de la Generalitat Valenciana y organizar las campañas electorales del PP" allí, "dadas las buenas relaciones que Álvaro (Pérez, alias 'El Bigotes') inició con Paco Camps".
La confesión del 'número dos' de Correa
Crespo, por su parte, plantea la misma condena que Correa y reconoce en su escrito que estaba a cargo de la "supervisión contable y financiera del grupo de empresas" de 'Gürtel', teniendo "información puntual y periódica de las actividades de Orange Market".
Jordán, que propone 1 año, 10 meses y 15 días de prisión, deja claro que desde que empezó a participar en la trama la persona que le "exigía y daba las instrucciones" era Crespo, en ningún caso Correa. La acusada también da extensos detalles sobre Camps y 'El Bigotes', a quien el ex presidente valenciano debía "sus mejores momentos de mandato con una imagen íntegra, impecable".
Por último, Herrero reconoce en su escrito que "asistía a reuniones con diferentes funcionarios" para "concretar" los trabajos de cada uno de los eventos y "confeccionar los presupuestos" al tiempo que señala directamente a 'El Bigotes' como quien "conseguía los trabajos". El gerente de 'Orange Market' propone que se le imponga una pena de 7 años y 11 meses de prisión.
Tramitación de contratos menores
En los últimos meses, además, se han adherido a las conclusiones de la Fiscalía otros acusados como la que fuera gerente de la fundación 'La luz de las imágenes', María del Carmen Díaz Quintero, la exdirectora del Instituto Valenciano de Evaluación y Calidad Educativa (IVECE) María Auxiliadora Hernández, o el que fuera jefe del gabinete técnico de la Sociedad de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (SEPIVA) Enrique Bort.
A esa adhesión al escrito de la Fiscalía también se han sumado el exjefe de gabinete de la Conselleria de Bienestar Social Enrique Navarro, el exgerente de la sociedad Proyecto Cultural Castellón Vicente Farnós de los Santos y la que fuera responsable de la Dirección General de Archivos e Innovación Tecnológica Silvia Caballer.
En su escrito, Caballer reconoce que acordó con 'El Bigotes' contratar a Orange Market para el 'II Congreso Software Libre', celebrado en Castellón en mayo de 2005, admitiendo que supo de cuatro facturas emitidas a la Dirección General de Archivos e Innovación Tecnológica, cada una por un importe de 12.020,24 euros, fraccionadas para que "pudieran ser tramitados como contratos menores".
