La declaración de Rus en el caso de los 'zombies' se aplaza por los acuerdos alcanzados por una decena de acusados

«Ya tengo ganas de hablar, llevo siete años esperando». Así ha respondido a la prensa el expresidente de la Diputación de Valencia y líder provincial del PP, Alfonso Rus, a las puertas de la Ciudad de la Justicia de València, donde ha acudido para sentarse por primera vez en el banquillo de los acusados en el juicio al que se enfrenta por la pieza de los «zombies» dentro del caso Imelsa. Rus ha insistido en su inocencia y ha manifestado estar «muy tranquilo», mientras sus abogados y acompañantes le arrastraban hacia dentro del edificio judicial para evitar que hiciera más declaraciones. Rus, interpelado por si se considera inocente de los hechos que se le atribuyen y por los que se enfrenta a una pena de 12 años de prisión, ha contestado: «Siempre, siempre». «Ya tengo ganas por lo menos de hablar, porque mis abogados no me dejan. Hoy tenía que declarar pero no sé cómo va. Tengo que estar dos meses aquí y me veréis todos los días», ha añadido. Este lunes todos los ojos estaban puestos en Rus, pero tendrá que esperar al menos hasta este martes para poder declarar porque una decena de acusados han llegado a acuerdos de conformidad con las partes. Serán los primeros en comparecer tras aceptar que eran «trabajadores zombies», que no ejercían función alguna en Imelsa. Otro de los trabajadores «zombie», Francisco Javier Cañizares, contratado en Imelsa como asesor del socialista Toni Gaspar, actual presidente de la Diputación, ha intervenido para pedir un cambio en su defensa y la asignación de un abogado de oficio. A preguntas del magistrado por el motivo de ese cambio, Cañizares ha expuesto que quiere «decir la verdad» y ha manifestado desacuerdo con su abogada: «Quieren que diga que trabajé en Imelsa y yo estaba en mantenimiento del PSPV». Tras su solicitud, la abogada ha manifestado al tribunal su voluntad de renuncia a la defensa de su cliente al no verse en condiciones de asumir su representación; no obstante, el tribunal, tras estudiar la petición, la ha denegado. Asimismo, ha decidido citar a declarar como testigo a Toni Gaspar. Durante la fase previa, los abogados defensores de Alfonso Rus y Marcos Benavent han cuestionado las grabaciones que dieron origen al caso. El letrado de Rus, Emilio Pérez, ha pedido que se incorpore a la causa un informe pericial de los «artefactos informáticos» que dieron origen al caso Imelsa y que fue realizado, según ha explicado, el pasado diciembre. Según ha detallado este letrado, se trata del análisis de dos lápices de memoria, uno aportado por la hoy consellera Rosa Pérez Garijo y otro por el exsuegro de Benavent, Mariano López. También del ordenador de López en el que supuestamente volcaba las grabaciones Marcos Benavent, según admitió este en sus primeras declaraciones (aunque luego se desdijo y aseguró que manipulaba esas grabaciones), y del que se extrajeron los contenidos de ambos lápices de memoria. El letrado de Rus ha pedido que no se tengan en cuenta estas grabaciones porque «no se ha acreditado judicialmente el volcado del primer USB y por lo tanto no está legalizado». «Nuestro informe pericial dice que ambos fueron manipulados un día antes de ser entregados al fiscal, y el ordenador de origen está vacío. O nunca ha tenido información o ha sido robada de forma profesional», ha asegurado Emilio Pérez. El tribunal ha admitido dicho informe, cuyo autor tendrá ocasión de intervenir en el juicio, al igual que un especialista de la UCO cuya presencia ha sido solicitada por el fiscal. Por el contrario, no se ha admitido la nulidad de dichas grabaciones. En su turno de palabra, el fiscal ha defendido la legalidad de ambas memorias: «Ninguna de las dos está manipulada y Marcos Benavent avaló esas grabaciones». Rus afronta este juicio junto a otros 25 acusados, entre ellos, el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado socialista, Rafael Rubio; el exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla; el exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis; y el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, autodenominado como el «yonki del dinero». Se trata del segundo juicio de la macrocausa de Imelsa, puesto que en mayo se juzgó la primera de ellas, la relativa a Thematica, con el exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, como principal acusado. Se está a la espera de la sentencia. En las piezas que se van a juzgar ahora, la B y la F, se ha investigado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, Rus se enfrenta a una pena de 12 años de prisión y Rubio, también investigado en el conocido como caso Azud, a otros seis, según se desprende de la calificación provisional del ministerio fiscal. Fiscalía atribuye a Rus los delitos de pertenencia a organización criminal, un delito continuado de malversación de caudales públicos, de prevaricación administrativa y de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. Asimismo, a Rubio le acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento oficial y un delito continuado de prevaricación administrativa. Para el exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, y el exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, reclama la misma pena que para el expresidente de la Diputación por idénticos delitos, además de multa e inhabilitación. A Marcos Benavent, el ministerio público le aplica la circunstancia atenuante de arrepentimiento y solicita para él nueve años y medio de prisión.

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La Fiscalía pide para el expresidente de la Diputación de Valencia 12 años de cárcel por cuatro delitos

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