AVAESEN asegura que los proyectos de renovables de empresas valencianas ya no tienen el 25 de enero como fecha tope y la Generalitat lo niega

Valencia

AVAESEN, la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía, asegura que el 25 de enero ya no es el plazo tope para aprobar las declaraciones de impacto ambiental de los proyectos de energías renovables presentados en la Comunitat Valenciana. Porque, lo cuenta la SER, según AVAESEN, Iberdrola ha hecho suyo el criterio de la comisión de la competencia, y dada la gran diferencia de fechas entre la presentación del borrador de proyecto y la firma definitiva, ha dado ese tiempo, en algunos casos seis meses, a las empresas. Lo ha explicado a la SER muy satisfecho, al poder ganar tiempo, Marcos Lacruz, presidente de AVAESEN, quien pone el acento en que "esa situación solo se da, de momento, en la Comunitat Valenciana".

A la pregunta de cuántos proyectos podrían verse beneficiados por esa interpretación que Iberdrola hace, explica Lacruz que el 80% de los que se han presentado. Nadie contaba con esta nueva situación. Hace apenas unos días, Ximo Puig aseguraba que los servicios técnicos de las distintas consellerias estaban realizando un sobresfuerzo para llegar a mañana con los proyectos resueltos. La ministra Ribera, por su parte, también descartó cualquier prórroga. Lacruz pone el acento en que una cosa y otra no están reñidas y que no estamos ante un cambio de criterio. Es más, añade que estarán vigilantes para evitar que este tiempo añadido pueda provocar relajación en la administración y se ponga, otra vez, en riesgo, la aprobación de los proyectos presentados.

Según la Generalitat, todo sigue igual

Sin embargo, fuentes de la Generalitat explican a la SER que no ha cambiado nada. Que la Generalitat tendrá mañana las declaraciones de impacto ambiental de aquellos proyectos que lo requieren y que son la mayoría. Que si bien algunos proyectos, por cuestiones administrativas, sí que ganan tiempo, no hay cambios significativos y todo sigue según los planes establecidos por el gobierno de España y la Generalitat.