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El "zombie" de Imelsa que mostró desacuerdos con su defensa porque quería "decir la verdad" será juzgado aparte

El acusado ha insistido en que su letrada "había sido designada por el PSPV" y le asignarán un abogado de oficio

Cañizares, uno de los presuntos 'zombies' de Imelsa

València

La Audiencia Provincial de Valencia ha acordado este martes formar una pieza separada para juzgar únicamente a uno de los supuestos trabajadores "zombies" a los que se acusa en la conocida como "pieza de los zombies" dentro del caso Imelsa. El acusado, Francisco Javier Cañizares, ha reiterado este martes la pérdida de confianza en su letrada y ha solicitado un nuevo abogado de oficio. Cañizares se ha mantenido en su postura de este lunes, cuando argumentó desacuerdo con su abogada porque él quería "decir la verdad": "Quieren que diga que trabajé en Imelsa y yo estaba en mantenimiento del PSPV".

Al inicio de la segunda sesión del juicio, este acusado ha remitido un texto al tribunal en el que ha reiterado la pérdida de confianza respecto a su letrada. En dicho texto, que ha sido leído por el presidente de la Sala con el permiso del acusado, este ha insistido en que su letrada "había sido designada por el PSPV" en el marco de una estrategia "dedicada a exculpar a otros inculpados más que a mi persona" y que no siente que sus intereses se estén defendiendo.

Así, finalmente, el tribunal ha aceptado la renuncia de la letrada y ha acordado dirigirse al Colegio de Abogados para que designe un abogado de oficio, que asistirá a este procesado en un juicio separado con la Fiscalía como única acusación, dado que la Generalitat, personada en esta causa como acusación particular, no ha pedido acciones contra este técnico de mantenimiento del PSOE.

El juicio que se sigue en el interior de la Justicia de Valencia tiene como principales acusados al expresidente de la Diputación de Valencia y expresidente provincial del PP, Alfonso Rus; su exjefe de gabinete en aquel momento, Emilio Llopis; el exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla; y el exdiputado provincial por el PSPV y exsubdelegado de Gobierno, Rafael Rubio. Para los tres primeros la Fiscalía pide 12 años, para el último seis.