Caso Imelsa: Caturla niega la existencia de trabajadores zombies en CIEGSA y Rubio defiende la labor de dos asesoras

El exconsejero delegado de CIEGSA, ex secretario autonómico de educación, ex miembro del consejo de administración de IMELSA, Máximo Caturla, ha asegurado en su declaración como acusado en el Caso Imelsa que los supuestos zombies de CIEGSA no eran tales. Que él no tiene constancia de que trabajaran para el PP y que sí que acudían a trabaja a CIEGSA. Es más, si alguien no trabajaba como correspondía era llamado al orden por el propio Caturla. También ha indicado que los contratos en tela de juicio él los considera legales porque habían sido diseñados por el despacho Broseta Abogados y que Alfonso Rus no tenía ninguna influencia en Ciegsa, que «solo era el alcalde de su pueblo» y no influía en las contrataciones. Y Caturla está considerado junto a Marcos Benavent, Alfonso Rus y Emilio Llopis como uno de los cabecillas de la trama y que se enfrenta a 12 años de prisión por, supuestamente, formar parte de una organización criminal formada para enriquecerse y pagar favores. El exdirigente socialista y ex subdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio ha asegurado este martes ante el juez que mientras ocupó el cargo de consejero en la empresa pública Imelsa (2007-2011) jamás pidió que se contratase a dos asesoras personales, que estos puestos de trabajo existían antes de su llegada a la empresa, y que las mujeres que eligió realizaron únicamente labores relacionadas con esta entidad. Rubio explica que nunca escuchó que Alfonso Rus, de quien ha dicho que no le gusta que se le presente como su rival político, favoreciera la contratación de zombis, y que, de haberlo escuchado habría acudido de inmediato a la Justicia. Así, ha explicado que desde la gerencia de Imelsa se le ofreció la posibilidad de mantener a los asesores que había antes o de nombrar otros diferentes, y que él eligió cambiarlos. Rubio, para quien el fiscal reclama una condena de 6 años de prisión, ha declarado como investigado este martes en la sexta sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia por la pieza del caso Imelsa. «Los consejeros del PP tenían 4 asesores, el PSPV dos e IU uno», ha explicado Rafa Rubio, quien ha relatado que en 2010, de nuevo desde la gerencia de Imelsa, se le informó de que había que renovar a los asesores debido a un cambio de la legislación laboral, para evitar que pasasen a ser fijos. «Me costó encontrar a gente porque el contrato era de solo cuatro meses, y yo ya no volvía a ir en las listas del PSPV al Ayuntamiento de València porque me iba a Les Corts. A través de una conocida contacté con Carolina de Miguel, socióloga, y fue una sorpresa ver que había trabajado para el PSOE de Madrid». Rubio ha asegurado al fiscal que esta mujer le pasaba «notas», y no «informes», sobre cuestiones que él le pedía, tales como información sobre la brecha de género en las brigadas forestales o la situación de las instalaciones deportivas en los pueblos de la provincia, «todo cuestiones relacionadas con Imelsa», ha subrayado, «porque en la Diputación ya había asesores de grupo socialista». Marcos Benavent, exgerente de Imelsa y autodenominado «yonki del dinero», no ha acudido este lunes al juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia contra él por la pieza de los «zombies» de Imelsa y el presidente del tribunal se ha visto obligado a paralizar la vista durante unos minutos, hasta que ha podido ser localizado. Finalmente ha llegado pasadas las once y media a la sala. Cerca de las 10 horas, al inicio de la sesión, el presidente del tribunal ha preguntado por el acusado, y el letrado que le representa hoy ha manifestado asumió su defensa anoche, puesto que su abogado principal no podía asistir, y al no verle en la sala le había mandado un mensaje al acusado, pero no le había contestado. El abogado sustituto ha sido entonces quien ha aguantado el chaparrón y la bronca del magistrado José Manuel Ortega. Sobre Benavent pesa una condena de siete años y 10 meses de prisión por la pieza de Thematica del caso Imelsa, tal y como consta en la resolución que se hizo pública la pasada semana. Tras conocerse la sentencia, Benavent aseguró en declaraciones a los medios de comunicación que su letrado iba a recurrir la condena y mostró su confianza en no ingresar en prisión. También admitió que no esperaba ese fallo. «La verdad es que no me lo esperaba», dijo el exgerente de Imelsa en atención a los medios, ya que la condena se acerca a los ocho años, que era lo que solicitaba Fiscalía Anticorrupción. «No ha habido ninguna consideración, cuando en este juicio no tenía ni escrito de defensa porque no fue todo lo correcta que debería de haber sido», apuntó en referencia al cambio de letrado defensor. Por ello, reconoció en ese momento que no se esperaba «esta castañá» y avanzó que recurrirán el fallo porque el tribunal no admitió muchas de sus alegaciones y pruebas y «porque hay muchas cosas que no están nada claras». Según su versión, entonces no tuvo «la mejor estrategia de defensa y a las pruebas me remito» e incidió en que no hubo «cadena de custodia» de los audios soporte de la causa y sí una «manipulación». En todo caso, confió en no tener que entrar en prisión. «No quiero que ingresen muchísimos; quiero que ingresen los que sean malos», apuntó Benavent, quien subrayó que le pidieron «ocho como si quieren pedir 800, no pasa nada». Por su parte, su actual letrado, Juan Carlos Navarro, se congratuló de que en este primer fallo lograron parte de una absolución --por la parte de malversación de fondos públicos para el abono de campañas electorales del Partido Popular en las elecciones municipales de 2007 y en las generales del año 2008-- y ahora intentarán que se repita con el resto de apartados. Por tanto, presentarán un recurso contra la sentencia de la Audiencia que fundamentarán en la «ilegalidad de la prueba utilizada para mantener la acusación», que es el pen drive que en su día aportó la exdiputada de EUPV y actual consellera de Participación, Rosa Pérez. Para el abogado, la sala, que rechazó la petición de nulidad de las grabaciones, «no ha entrado sobre lo planteado de la violación del derecho al entorno virtual».

Caso Imelsa: Caturla niega la existencia de trabajadores zombies en CIEGSA y Rubio defiende la labor de dos asesoras

El exdirigente socialista y ex subdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio mantiene que "jamás pidió que se contratase a dos asesoras personales"

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