María, pensionista y con un hijo con discapacidad, desahuciada de su vivienda de alquiler en Alicante por un fondo buitre
El Sindicat de Barri de Carolines, que ha asistido a esta mujer en todo el proceso, recuerda que hay cuatro lanzamientos más previstos para febrero
Vuelve el drama de los desahucios. No se ha podido paralizar y en la mañana de este miércoles, María y su hijo, que cuenta con una discapacidad reconocida, han tenido que abandonar la casa por la que pagaban un alquiler desde hace diez años y que es propiedad del fondo buitre MAJORO REO II SPAIN. La comitiva judicial llegaba pasadas las 9.30 horas y a las 10.07 el desahucio se había ejecutado. María, de 72 años y pensionista, abandonaba la vivienda. El Sindicat de Barri de Carolines, que ha tratado de frenar el desalojo y ha logrado congregar a medio centenar de activistas ante el portal de María, denuncia el "desamparo admirativo de esta familia".
Protesta ciudadana para intentar frenar el desahucio de María y su hijo discapacitado / Sindicat de Barri Carolines
El fondo buitre, que ya trató de desahuciar a esta familia hace meses, se ha negado a negociar las condiciones del alquiler. María ha pagado religiosamente mensualmente los 300 euros del alquiler de una vivienda a la que consiguió acceder a través de una inmobiliaria, según ha explicado a Radio Alicante. Cobra 750 de pensión. Ahora el fondo buitre al que se vendió el inmueble se ha negado a negociar su continuidad.
El juzgado rechazó su último intento por aplazar el desahucio. En los servicios sociales municipales están al tanto de su situación, pero la pelota, dice María, se la pasan entre la administración local y autonómica. Pide también al Ayuntamiento de Alicante que "tome conciencia" de lo que pasa en su ciudad y "no cierre la puerta" a quienes sufren estos problemas. Mientras, una hermana suya la va a acoger junto a su hijo, "hasta que pueda, no sé cuánto tiempo".
María, desahuciada de su vivienda en el barrio de Carolinas: «No hay derecho a que desalojen a una persona pensionista y con un hijo con discapacidad»
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Por su parte, Fran Llopis, portavoz del Sindicat de Barri Carolines, alerta de que los jueces "ya no son proclives" a aplazar estos desahucios a pesar de que las familias presenten un informe de vulnerabilidad y a pesar de que está en vigor el decreto gubernamental.
A esta realidad se suma, según indica, que los servicios sociales de Alicante "no emiten los informes de emergencia habitacional, siguiendo la normativa autonómica y cuando existe informe de vulnerabilidad previo y fecha marcada por el juzgado para desahucio", como es este caso. "Es el paso previo para que el Instituto Valenciano de Vivienda pueda iniciar trámites para adjudicar una vivienda pública de alquiler social". Por su parte, desde el Ayuntamiento de Alicante, asegura que sí se ha tramitado el certificado de vulnerabilidad a la familia y que, por su parte, "han hecho todo lo que estaba en nuestra mano".
Fran Llopis, portavoz del Sindicato Carolines: «El Ayuntamiento no colabora con la Generalitat»
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La familia de María es la última que resistía en este inmueble de la calle Garbinet número 16. Desde el Sindicat de Barri acusan a este fondo buitre de "intimidar" a los residentes para hacer un uso especulativo de las viviendas.
Llopis lamenta que este sea un caso "representativo" de lo que está pasando en Alicante. Solo este mes de febrero tienen, además de este, cuatro desahucios más promovidos por fondos buitre y entidades bancarias.
Representantes de Compromís, Unidas Podemos y PSOE también se han solidarizado con María. El edil Rafa Mas de Compromís y la concejala Vanessa Romero de Unidas Podemos han estado presentes en la concentración de apoyo a esta mujer.
