"Con esta huelga la justicia está paralizada"

València

Los Letrados de la Administración de Justicia, que este lunes arrancan su quinta semana de huelga indefinida, han advertido del posible retraso de las próximas elecciones autonómicas -28 de mayo- porque es necesaria su intervención para la constitución de las juntas electorales. Y es que, según sus estimaciones, desde el inicio de la huelga se han cancelado, suspendido o atrasado unas 170.000 causas judiciales en toda España.

Antonio José Jiménez, miembro del comité de huelga , explica en la Ventana que " el pasado viernes, el Ministerio de Justicia y el comité de huelga de los Letrados de la administración de Justicia no llegaron a un acuerdo después de una reunión que duró 15 horas. Ambas partes se acusan mutuamente "de no tener voluntad de negociar acuerdos". Según ha explicado, advierten de que la constitución de las juntas electorales no está incluida en el catálogo de servicios mínimos previstos por el Ministerio de Justicia: se han de constituir 55 días antes de las elecciones, "a principios de abril", y es necesaria su participación por lo que " se podría producir un retraso en las elecciones de mayo" si no se desconvoca antes la huelga.

Las principales reivindicaciones de los funcionarios, que iniciaron su huelga el pasado 24 de enero, son una cláusula de enganche a la ley de retribuciones de jueces y fiscales para no cobrar nunca menos del 85 % respecto a estos dos operadores jurídicos, siempre que tengan la misma antigüedad, y que su sueldo no sea menor en las poblaciones pequeñas. Justicia sostiene que solo queda por cumplir una de las once reivindicaciones planteadas por las asociaciones de los antiguos secretarios judiciales -la revisión del complemento de productividad- y considera fuera de lugar sus peticiones salariales, cuando sus retribuciones van a crecer de media un 14,76 % en tres años. Según ha explicado Jiménez, el comité de huelga ha propuesto a los letrados que gestionen los asuntos relacionados con las pensiones alimenticias de menores y con los matrimonios, a pesar, insiste, de que no se contemplan en los servicios mínimos.