Gritos, empujones, insultos y castigos: el Síndic de Greuges investiga varias quejas por malos tratos a los usuarios del Centro de salud mental Doctor Esquerdo en Alicante

Alicante

La Sindicatura de Greuges investiga de oficio la queja planteada por un grupo de profesionales del centro Doctor Esquerdo de Alicante, por maltratos físicos y psicológicos contra los usuarios.

El escrito se registró el pasado 29 de septiembre y en él se recogen desde malas formas con los residentes, como gritos, gestos de desprecio, empujones e insultos, hasta castigos que se alejan de la intervención educativa y terapéutica.

Se habla también de boicot a la intervención psicológica, de sujeciones mecánicas de muy larga duración sin prescripción y supervisión adecuada, de vulneración del secreto profesional, o de la negativa de parte del personal a realizar sus funciones en las salidas al exterior de los residentes.

Son situaciones que se estarían dando en el centro Dr. Esquerdo, especialmente en las unidades de discapacitados psíquicos, psicogeriatría y módulo R2, donde residen los pacientes más vulnerables y que mencionan hasta tres quejas concretas de malos tratos. También empujones y gritos a las pacientes en la unidad de mujeres, de los que los denunciantes fueron testigos.

Para estos profesionales "no se corresponden con lo deseable a nivel ético y del buen hacer profesional y humano, se alejan del cumplimiento de la normativa vigente y suponen un gran perjuicio para las personas residentes". De todo ello señalaban haber dado cuenta a sus superiores en reiteradas ocasiones, sin que se haya producido una respuesta efectiva para solucionarlo.

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Petición de ampliación de informes a Diputación y Conselleria de Igualdad

La resolución del Síndic, que ha pedido una ampliación de informes, es del 2 diciembre de 2022 y se dirige a la Diputación, pendiente desde hace años de ser absorbidas las competencias de este centro por parte de la Generalitat, para que dé las explicaciones pertinentes. También a las dos consellerias con competencias en materia de salud mental: la de Igualdad y Políticas Inclusivas y la de Sanidad Universal, para que expliquen de qué forma están velando por los usuarios del centro.

Las tres administraciones enviaron sendos informes en diciembre. El presentado por la Diputación se focalizaba en un único caso de maltrato a un usuario denunciado por su madre, objeto de apertura de un expediente informativo y una posterior demanda al juzgado.

Los promotores de la queja presentaron alegaciones, y el pasado 23 de enero el Síndic volvió a pedir informes, donde entre otras cosas reclama el expediente que se está tramitando y una demanda interpuesta en el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Alicante, así como las diligencias abiertas por el Ministerio Fiscal. Pide también el Síndic el protocolo de sujeción terapéutica, copias de partes de incidencias de las presuntas agresiones, así como de los expedientes disciplinarios abiertos por esta causa y las reclamaciones presentadas por familias y residentes. Además, vuelve a preguntar qué medidas se han tomado "para prevenir y eliminar" estos comportamientos, al considerar que la Diputación no aclaró estos puntos en su contestación inicial.

Un centro en proceso de reversión a la Generalitat

La Diputación restringe la denuncia a una trabajadora en concreto. Asegura Juan Bautista Roselló, diputado delegado del Doctor Esquerdo y Familia, que no se trata de una práctica generalizada porque hay tolerancia 0 y que desde el primer momento se actuó abriendo un expediente contra esta empleada, que ha sido apartada de esa unidad, aunque no del centro, y se está colaborando con Fiscalía.

En 2022 confirma que se abrió este expediente y también otro de la madre de un familiar por una presunta violación por parte de otro paciente.

Paralelamente, y "habida cuenta de que la organización y funcionamiento del Centro Dr. Esquerdo ha sido objeto de anteriores quejas por parte de esta institución", recoge el Síndic, pide información actualizada sobre la situación administrativa del centro.

Pero también solicita nuevos informes a la Conselleria de Igualdad, que le respondió primeramente que las inspecciones se realizan en centros con autorización administrativa y el Doctor Esquerdo no cuenta con ella. Le reclama ahora que justifique por tanto cómo puede seguir funcionando sin autorización un centro perteneciente a la red pública. También el calendario del proceso de transferencias de competencias.

Igualdad, por su parte aclara que, en la situación actual de tramitación de la reversión, de momento el Doctor Esquerdo sigue sin pertenecer a la red pública. De hecho, el proceso está pendiente de poder transferir a la plantilla, que componen unos 300 trabajadores.

Para esta nueva respuesta de ampliación de informes por parte de Diputación y Conselleria concedía el Síndic el plazo de un mes, que concluirá este jueves 23.