Alicante

La denuncia presentada al Síndic por varios trabajadores del Centro Doctor Esquerdo, sobre los presuntos malos tratos que sufren los usuarios por parte de algunos empleados del centro, ha puesto de relieve el limbo en el que está sumida su gestión. Depende de la Diputación, pero sus atribuciones, las llamadas "competencias impropias", deberían estar traspasadas a la Generalitat desde hace tiempo.

La Conselleria de Igualdad, requerida por el Síndic en su investigación como administración que debería velar por el centro, defiende que llevan "tiempo pidiendo esa absorción" y que, aunque la Diputación se ha mostrado predispuesta, desde junio se le solicitó una serie de documentos que están esperando. Entre ellos, certificación catastral del inmueble, registro de propiedad, información sobre el propio proceso de consolidación del personal y sobre el patrimonio económico y de personal del centro.

Señalan que en tanto la Diputación no solicite su autorización como centro público de servicios sociales "no resulta posible en este momento estimar una fecha de finalización del proceso de transferencia".

Y recuerda la Conselleria en la documentación nuevamente remitida al Síndic, que "resulta necesario disponer de todos los datos e información suficientes para realizar una valoración económica del traspaso, a los efectos de disponer de suficiente dotación en los Presupuestos de la Generalitat".

Un traspaso pendiente de la "estabilización de la plantilla", según la Diputación

Por su parte, el diputado delegado del centro, Juan Roselló, reconoce a Radio Alicante que no hay fecha concreta para que el traspaso se produzca.

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Lo achaca a que está aún pendiente la estabilización y consolidación de la plantilla que componen unos 300 trabajadores. Y afirma que "la documentación está preparada".

Precisamente la Diputación ha insistido este miércoles en un comunicado en que el hecho denunciado "fue detectado, investigado y serán depuradas todas las responsabilidades por los cauces legales que correspondan". Y añade que se han tomado medidas para que este tipo de comportamientos, "aunque haya sido aislado, no se vuelva a producir".

Pero fuentes consultadas vinculadas al centro insisten en que el caso de la empleada denunciada no es aislado y que "urge cambiar la dinámica" en este centro porque "las praxis profesionales no son siempre las más adecuadas" y existen "relaciones muy viciadas".

Desde Intersindical aplauden que ante el mínimo indicio se investigue, pero creen que "la cosa no puede quedar ahí" y que "se deben tomar medidas", apunta Victoria Lorenzo, secretaria de este sindicato.

El president Puig, preguntado en Valencia por esta cuestión, ha mostrado su "preocupación" por un caso que afecta "a las personas más vulnerables", y ha abogado por que se clarifique lo sucedido.

Lo cierto es que desde que en 2020 el presidente de la Diputación, Carlos Mazón y la entonces consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, acordaron crear una Mesa de coordinación para facilitar la reversión de las competencias impropias, se ha avanzado en la teleasistencia, pero tanto el Hogar Provincial y el propio centro Doctor Esquerdo, siguen aún pendientes.