El Ayuntamiento de Alicante valora recurrir contra la Generalitat al considerar que el transporte gratuito para jóvenes perjudica al operador de autobuses urbanos

Alicante

Nuevo enfrentamiento entre Ayuntamiento de Alicante y Generalitat Valenciana al respecto de la gratuidad del transporte público para jóvenes.

El consistorio alicantino valora la interposición de recursos administrativos y judiciales contra la Generalitat al considerar que la medida de ofrecer gratuitamente el transporte público en TRAM y en los autobuses interurbanos para menores de 31 años supone un perjuicio económico para Masatusa, el operador municipal.

El Servicio de Tráfico, Transportes, Movilidad y Accesibilidad ha remitido un informe a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad sobre las repercusiones en el sistema de Transporte Alicante Metropolitano, TAM, de la medida aprobada por la administración autonómica, mediante el Decreto ley 6/2023.

En primer lugar, el Ayuntamiento denuncia que la firma de este decreto, por el que se establece la gratuidad del TRAM y del transporte interurbano para menores de 31 años, habría requerido la convocatoria de la Comisión de Seguimiento, lo que supone un incumplimiento manifiesto del convenio de colaboración en el que está basado el actual sistema TAM.

Además, el consistorio está valorando la interposición de las reclamaciones administrativas y judiciales procedentes, por las pérdidas económicas que sufrirá el nuevo operador municipal, Masatusa, ante la exclusión por parte de la Generalitat de la gratuidad temporal para menores de 31 años al transporte urbano integrado en el sistema TAM.

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Por último, el Ayuntamiento también está valorando la suspensión de los tráficos interurbanos coincidentes con los urbanos, para contrarrestar y minimizar los graves perjuicios que se derivarán para la UTE MIA, la adjudicataria de la prestación del servicio de transporte urbano dentro del sistema TAM.

La Generalitat lamenta el boicot del Ayuntamiento a las políticas del Botánic

Desde la Generalitat Valenciana, por su parte, han lamentado que el Ayuntamiento no haya querido sumarse a ninguna de las iniciativas autonómicas ni haya propuesto ninguna medida para fomentar el transporte público ni ayudar a paliar los efectos de la inflación en las familias.

Asi mismo, critican que no solo no permitan a los jóvenes viajar gratis en los buses municipales, sino que ahora pretenden boicotear que lo hagan también en los interurbanos.

Por otro lado, la candidata del PSOE a la alcaldía de Alicante, Ana Barceló, señala que el Ayuntamiento de Alicante debería alinearse con la política de la Generalitat para que los jóvenes menores de 30 años puedan disfrutar de la gratuidad del transporte urbano e interurbano.

“Barcala no busca el beneficio de los jóvenes ni aplicar medidas que ayuden a mitigar los efectos de la inflación y favorecer el transporte sostenible. Lo único que hace el alcalde es salir a es salir a atacar las políticas de la Generalitat. Es lamentable que el regidor sea capaz de boicotear cualquier iniciativa que beneficia a la juventud solo porque la impulsa la Generalitat. Lo que debería de hacer es sumarse a esta medida que beneficia a un sector importante de la población y contribuye a que las familias puedan ahorrar gastos”.

“Las personas siempre deben de estar en el centro de las políticas, pero Barcala prefiere defender a las empresas antes que a los alicantinos y alicantinas” ha destacado Barceló.

El Ayuntamiento no tomará ninguna medida legal contra la Generalitat para eliminar la gratuidad del transporte público

Ante estas acusaciones, el propio Ayuntamiento de Alicante emitía anoche un comunicado en sus redes sociales argumentando, en primer lugar, que no está en contra del transporte gratuito para jóvenes y que no va a tomar ninguna medida legal contra la Generalitat al objeto de que se elimine la gratuidad para los jóvenes.

El concejal de Transportes, Manuel Villar ha explicado que lo único que ha hecho el Ayuntamiento, es enviar un escrito a la Conselleria señalando que dicha medida, en lo que respecta a los autobuses interurbanos provoca un perjuicio económico a los buses urbanos que la contrata responsable está en su derecho de reclamar solicitando una compensación, ya que hay líneas urbanas que podrían perder usuarios al compartir tramos y paradas con las interurbanas.