El enésimo contratiempo de la excavación y restauración de la muralla islámica de València
El Ayuntamiento València, a punto de romper definitivamente el contrato por los numerosos incumplimientos de la empresa adjudicataria
València
Según ha sabido la Cadena SER, el Ayuntamiento de València ya tiene decidido rescindir el contrato con la empresa que se encarga de las obras de excavación, restauración y puesta en valor de la Muralla Islámica de València, en el tramo plaza del Ángel.
El asunto no ha pasado finalmente por la Junta de Gobierno de este viernes por un problema técnico, pero Radio Valencia ha tenido acceso a la resolución del servicio de contratación en la que se explican los argumentos para iniciar todos los trámites para la rescisión del contrato.
Hay que recordar que en diciembre de 2020 se adjudicó este contrato a dos mercantiles, por un plazo de duración de quince meses y un importe de 2,7 millones de euros, IVA incluido. En marzo del año pasado el ayuntamiento aprobó un modificado parcial con continuidad de las obras tras la petición de la contratista para resolver las incidencias producidas en el ámbito del jardín arqueológico, la muralla, el cementerio y el "Vall cobert".
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Según la resolución, se dio luz verde porque los precios estaban ajustados al mercado y no se superaba el 10 por ciento del presupuesto inicial. Ahora bien, los técnicos municipales han comprobado como desde marzo de este año el ritmo de los trabajos ha sido progresivamente cada vez más lento, hasta el punto de que la UTE se ha negado a continuar con las obras previstas en el proyecto inicial.
Es más, han desmontado el andamio, necesario para realizar trabajos que quedan por hacer. Además, las penalidades diarias que se impusieron por la tardanza en julio de 2022 no han surtido el efecto deseado con esta empresa, pues han seguido incumpliendo los plazos parciales y no acatan las órdenes directas de la Dirección Facultativa, según consta en la resolución.
Por todo ello, habiendo quedado patente el incumplimiento culpable del contratista, el Ayuntamiento tiene decidido ya rescindir el contrato, proceder a la incautación de la garantía definitiva y obligar al contratista a indemnizar al consistorio por los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.
