Las PAH valencianas señalan que sí hará falta construir viviendas "pero después de movilizar las vacías"

València

"La construcción tiene que estar vinculada a satisfacer las necesidades de demanda y no la especulación que hay detrás". Así lo ha señalado José Luis González, portavoz de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de la Comunitat Valenciana, en la rueda de prensa que han celebrado este lunes para presentar un documento elaborado de manera conjunta y en el que recogen diez medidas para los partidos políticos porque "el derecho a la vivienda es una cuestión de todos".

La situación de emergencia habitacional en la Comunitat es "enorme" y "puede aumentar", según José Luis González, que apunta que en 2021 y 2022 se registraron 11.766 desalojos en la región. Además, apunta González que según el CGPJ hay más de 8.000 procedimientos judiciales en marcha por impago de hipotecas y alquiler y subraya asimismo que 13.000 familias están inscritas actualmente en el registro de demanda de vivienda, hay muchos jóvenes "que no se pueden emancipar" y los tipos de interés y los alquileres han subido. La vivienda está siendo uno de los temas protagonistas de la campaña electoral.

Todo este contexto, en su opinión, puede "agudizar la situación" y crear una situación "muy alarmante" y por eso pide a los partidos políticos "que asuman" el plan de choque que han elaborado. El texto recoge, por ejemplo, la reclamación de desarrollar un alquiler social obligatorio y asequible para las familias sin alternativa, que se ponga en marcha un programa para que la Administración haga contratos de alquiler a los que después las familias se puedan subrogar, que se aumente el parque público de vivienda o que se obligue a los fondos buitre y a la banca a movilizar los pisos vacíos: "Sí que harán falta viviendas, pero después de movilizar todas las que hay en marcha. La construcción tiene que estar vinculada a la defensa del territorio y de los barrios que queremos".

En opinión de González, la Ley de Vivienda Estatal tiene elementos de avance "importantes, pero son insuficientes". A finales de junio cae el escudo social que suspende los desahucios hasta el 30 de junio para "aquellos colectivos que por su vulnerabilidad" puedan sufrir esta situación y en ese momento entrará en vigor el nuevo marco de la Ley de Vivienda.

Al respecto, González reclama que se prorrogue "un poco más" la norma porque teme que la mediación que fija la nueva norma "no sea útil": "Queremos explorar que la mediación sea útil. No queremos que la mediación sea una parafernalia y tenemos miedo de eso".