La Ley Estatal de Vivienda y su aplicación genera dudas a propietarios y a los sindicatos por el derecho a una vivienda digna

Alicante

La aprobación de la Ley Estatal de Vivienda, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado, no convence ni a los agentes de la propiedad inmobiliario de Alicante ni al Sindicat de Barri de Carolines, entidad que defiende el derecho a una vivienda digna.

Ayer viernes, de hecho, el conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, firmaba la resolución que permite topar los precios del alquiler en zonas tensionadas, dentro de la inminente aplicación de esta ley de vivienda.

Marifé Esteso, presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Alicante, califica esta ley como "un despropósito" ya que hará desaparecer la escasa oferta de alquiler que existe. Considera, además, que la ley falta a la seguridad jurídica de los propietarios, los cuales quedan desprotegidos ante impagos del alquiler u ocupaciones de la vivienda.

Con la publicación de la ley, se limita la subida de los alquileres a un 2% para este año y del 3% para 2024. Esteso señala que no tiene sentido que los propietarios tengan que hacer frente a un 8% de inflación, y no puedan repercutirlo en su vivienda. Admite que el problema del alquiler se agravará todavía más con la ley y que el mercado debe regularse solo. Esteso explica que la función social la tienen que realizar las administraciones con la construcción de vivienda pública.

Por otro lado, desde el Sindicat de Barri de Carolines valoran positivamente que el tema de la vivienda se empiece a regular pero consideran que es una ley que "se queda corta para lo que se necesitaría".

Su portavoz, Fran Llopis, señala que la ley está "llena de lagunas" ya que carece de un régimen sancionador y no creen que vaya a garantizar el derecho a la vivienda. Llopis índice en que la ley "no impide los desahucios aun cuando se carezca de alternativa habitacional o se trate de familias vulnerables".

Sobre topar el precio de los alquileres, Llopis incide en que la medida solo se aplicaría en los contratos que se firmen después de que la ley entre en vigor, no con los vigentes, y solo en zonas tensionadas. La declaración de zona tensionada corresponde al gobierno autonómico.