Cáritas advierte que casi el 20% de sus beneficiarios se ven obligados a compartir piso

Alicante

Cáritas ha presentado su memoria de 2022, que recoge un aumento del 13% en número de atenciones, pese a tener lejos ya la crisis sanitaria de la COVID. También del número de beneficiarios, en un 14%, y que rozan ya las 57.000 personas en la diócesis Orihuela-Alicante.

La mayor parte de esas ayudas, un 40%, han ido destinadas directamente a la vivienda y el alquiler. Y se da la circunstancia de que además, el 18% fue para compartir piso; una situación que empieza a normalizarse, aunque no debiera, dice el director, Víctor Mellado, que pide la intervención de las administraciones para acabar con este imparable ascenso de los precios, que afecta de forma especial a Alicante y las localidades turísticas.

Lo peor, añade, es que es un problema que se acentúa y que no se vislumbra un mejor panorama a corto plazo ni para 2024, que augura será otro "año duro".

La memoria recoge también que un 25% de las personas acogidas el año pasado estaba en situación irregular y ni siquiera podía acudir a empadronarse o a solicitar ayuda de los servicios sociales, por "el embudo" que hay en las citas de extranjería, que se dilatan durante meses, apuntaba en Hoy por Hoy Alicante el secretario general, Francisco Javier Ruvira.

El 30% de los beneficiarios son menores

Otro dato alarmante es que casi un 30% de los beneficiarios sean menores de edad, lo que se conoce como "transmisión de la pobreza y la exclusión".

Es difícil que los menores puedan tener un acompañamiento de la familia en su proceso educativo, cuando se vive en un piso compartido y los padres han de estar más ocupados en las necesidades más perentorias. Son unas condiciones más difíciles y es una serie de "actos cotidianos que condicionan y que años después marcan esa situación" de vulnerabilidad que se prorroga. Por eso, más allá de los programas electorales que abogan por luchar contra la pobreza infantil, son necesarios planes globales, dice, que abarquen más que ayudas al comedor y otras, factores como tener una casa que caldeada en invierno y aireada en verano. "Son los pequeños detalles, que cuando no los tienes son una gran traba", apunta Ruvira.

Y en cuanto a esa aportación de la administración, explica que, a la hora de otorgar ayudas, hay unas trabas invisibles que condicionan el acceso. Por un lado, la tramitación online ya actúa como factor de descarte y por otro, hay destinatarios que no están empadronados y no tienen permiso de residencia. "En este sentido, la administración ofrece una solución, pero a la vez llega a imposibilitar por otro lado", advierte.

Por su parte, el obispo Munilla ha puesto de relieve el cambio que supondrá la nueva normativa europea a la hora de repartir alimentos. Lamenta que no se les haya consultado la cuestión a las organizaciones que se ocupan de ello, pero cree que esta "crisis" traerá un aspecto positivo, que será ayudar a administrarse a las personas vulnerables y una mayor "dignificación".