Alicante

El TSJ obligará a modificar los aspectos más lesivos de la polémica Ordenanza de Convivencia Cívica de Alicante. Unidas Podemos ha anunciado este lunes en Radio Alicante que el tribunal les ha dado la razón y la sentencia obliga al Ayuntamiento a cambiar los artículos en los que se permitía multar a las mujeres prostituidas y a las personas sin hogar que piden en la calle.

Lo ha hecho público este mediodía el portavoz del grupo municipal, Xavi López, en Hoy por Hoy Alicante. Tras denunciarlo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, la sentencia les da la razón y ordena derogar los artículos más lesivos de la normativa, además de obligar al Ayuntamiento de Alicante al pago de las costas.

López asegura sentirse muy emocionado de haber logrado parar este "atentado", dice, contra las personas más vulnerables de la ciudad y es la recompensa al duro trabajo de tantos meses. Además, agradece la lucha de los distintos colectivos sociales de Alicante.

Añade que el TSJ considera que la normativa municipal vulnera derechos fundamentales y se basa, sobre todo, "en las cuestiones que tienen que ver con la vulneración de esos derechos por cuestiones de género". En concreto, el TSJ señala que la ordenanza aprobada por el bipartito y Vox "no cumple las exigencias del requisito del informe de impacto de género", a pesar de que sí se hizo constar la existencia de un informe de perspectiva de género.

La sentencia se firmó el pasado 18 de abril y, en este sentido, le llama la atención que se haya dado a conocer ahora, solo un par de semanas después de las elecciones municipales. En cualquier caso, asegura López, lo importante es que se va a dejar de vulnerar los derechos de estas personas que, hasta ahora, "sufrían una doble discriminación".

Recordamos que la sentencia establece multas de entre 750 y 1.500 euros a las personas que, "bajo apariencia de mendicidad o de manera organizada, representen actitudes coactivas o de acoso, u obstaculicen e impidan el libre paso de las personas por los espacios públicos". Sanciones que pueden incrementarse hasta los 3.000 euros si se pide limosna o se ofrecen "servicios o productos de manera intimidatoria", como por ejemplo pañuelos en los semáforos, cuando se hace acompañado de un menor o se obliga a un menor a hacerlo.

En cuanto a la prostitución en la vía pública, se sancionará con multas de 100 a 750 euros para la parte ofertante y de 750 euros a 1.500 euros para los demandantes de estos servicios.

La oposición apunta a Barcala

Por su parte, el resto de la oposición municipal exige al alcalde Luis Barcala que rectifique y que realice políticas sociales que estén alineadas a con los valores europeos y, por tanto, con los Derecho Humanos. Le recuerdan que, ahora que va a gobernar en solitario. se queda sin excusas para modificar la que califican como la "ordenanza de la vergüenza".

Y más, tal y como reconocían las distintas organizaciones sociales en Radio Alicante este fin de semana, cuando no ha supuesto mejora alguna en la situación de estas personas tras un año de aplicación. De hecho, critican Lola Vilchez, edil del PSOE y, Rafa Mas, de Compromís, fomenta la aporofobia y solo pretende poder apartar a las personas sin hogar de los lugares más concurrido de la ciudad "para no molestar".