La Comunidad Valenciana es la cuarta autonomía en número de solicitudes de asilo pese a las dificultades para solicitar las citas

València

La comisión Española de Ayuda al Refugiado reclama en València, en la presentación de su Informe Anual, un Pacto Social y Político que blinde el derecho de asilo "frente a los continuos ataques que está sufriendo en los últimos años". Esta propuesta forma parte del paquete de 37 medidas que la organización hace a los partidos políticos de cara a las elecciones generales con el objetivo de mejorar la protección internacional y asegurar el derecho fundamental que tiene toda persona a buscar refugio.

Jaume Durá, responsable del equipo jurídico en València de CEAR, ha explicado que la valenciana con 7.258 fue la cuarta CCAA en número de solicitudes de asilo por detrás de Madrid, Andalucía y Cataluña, y aumentó un 70% respecto del año anterior en que hubo 4.259. Por provincias, València fue la tercera en número de solicitudes de asilo con 4.300 solicitudes y aumentaron en Alicante donde se presentaron 1.544 solicitudes (1.227 en 2021) y sobre todo en Castellón con 1.414, que prácticamente triplica la cifra del del año anterior en que hubo 504 solicitudes de protección internacional.

CEAR en su informe incluye medidas basadas en reforzar el sistema de asilo y garantizar este derecho humano. Para ello, según Durá, " considera necesaria la creación de una estructura administrativa dependiente de Presidencia con presupuesto suficiente para aglutinar todas las competencias en materia de asilo, garantizando así una necesaria coordinación entre todos los órganos implicados en el proceso"

Asimismo, reitera la necesidad de garantizar que los Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE), que tan buen resultado han dado en la respuesta a la emergencia en Ucrania, puedan transformarse en “ventanillas únicas del asilo" para que todas las personas solicitantes de protección puedan registrarse, documentarse y acceder al procedimiento a través de estos recursos, con independencia de su lugar de procedencia.

Este refuerzo del sistema de asilo debe venir acompañado con medidas que garanticen el acceso a derechos fundamentales. Para ello es esencial que las administraciones faciliten el empadronamiento para promover el acceso a servicios sociales, la educación o la sanidad; así como promover planes para acabar con la discriminación a la hora de encontrar una vivienda, entre otras cuestiones. Por otro lado, las entidades bancarias deben garantizar la apertura de cuentas de pago básicas, como establece la normativa vigente.

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