La UJI acuerda iniciar un expediente administrativo para revocar la Medalla de la Universidad a Rafael Montero por la sentencia por el caso de la CEC
Esta decisión se ha adoptado de acuerdo con lo que dispone el artículo 12 del Reglamento sobre distinciones de la UJI
El Consejo de Gobierno de la UJI ha acordado iniciar un expediente administrativo de revocación de la Medalla de la Universidad al ex secretario general de la extinta Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) Rafael Montero motivado por la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Castellón.
Esta decisión se ha adoptado de acuerdo con lo que dispone el artículo 12 del Reglamento sobre distinciones de la UJI, que indica que "la concesión de las distinciones académicas u otras distinciones honoríficas de la Universitat Jaume I se podrán revocar en el supuesto de decisión judicial condenatoria del titular de la distinción".
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La tramitación del expediente, que se ha delegado en el Comisionado de la rectora para la inspección de Servicios, se iniciará con un trámite de audiencia a la persona interesada para que pueda presentar alegaciones, y el resultado del expediente se llevará a otra reunión del Consejo de Gobierno para que este órgano decida sobre la procedencia, si procede, de revocación de la distinción con un acuerdo motivado.
La sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón condenó a dos años de prisión y 3.000 euros de multa a Rafael Montero, como autor de un delito agravado de apropiación indebida en el caso relacionado con la gestión de las subvenciones para planes de formación por parte de la patronal empresarial.
Caso de la CEC
El juicio se celebró el pasado 18 de abril en la Audiencia Provincial de Castellón. En él, se condenó al ex presidente de la Confederación de Empresarios de Castellón, José Roca, al ex secretario general de la CEC, Rafael Montero y a José Antonio Espejo, responsable de formación.
Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida del dinero de una subvención de la Generalitat Valenciana destinado a ejecutar un plan de formación de los años 2010 y 2011. El Ministerio Público considera responsable civil subsidiaria a la propia entidad.
La sentencia del juzgado además estableció una indemnización de 190.000 euros. La mayor parte de esta cantidad irá destinada a la mercantil Multioficios Formación S.L. en la cantidad de más de 130.000 euros por el importe distraído subvencionado por los cursos de formación prestados, por los mismos hechos también deberán aportar a la mercantil Espinós i Paradís S.L. la cantidad de 31.000 euros y a la entidad Audio Gil S.L. en la cantidad de 28.000 euros.
De las citadas cantidades deberá responder la entidad Confederación de Empresarios de Castellón, en liquidación, en calidad de responsable civil subsidiario.
