La Generalitat culmina el proceso de compra del bloque de viviendas de La Torre, en València

Valencia

Termina un largo camino para las más de 120 familias de La Torre, en València, que esperaban que la Generalitat cumpliera el compromiso adquirido de comprar el edificio donde vivían para poder mantener sus hogares. La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda ha recibido este martes el informe de la intervención de la Generalitat que necesitaba para poder terminar el plazo y, a continuación, según fuentes de la propia Vicepresidencia, se ha firmado la compra por lo que ha culminado el proceso.

Las alarmas saltaron hace unas semanas porque, tras las elecciones del 28M y el vuelco electoral, el Consell pasaba a estar en funciones y el proceso no se había podido terminar; no obstante, finalmente todo se ha resuelto se manera favorable para las familias que ahora tendrán un alquiler social.

Los hechos se remontan a abril, cuando la Generalitat alcanzó un acuerdo con el fondo de inversión que amenazaba con desahuciar a las familias y anunció la compra de ese edificio, que pasaría por tanto a ser público. El precio de compra firmado este martes ha sido finalmente de 16.400.000 euros sin IVA (18.400.000 con todos los impuestos), según fuentes de Vicepresidencia.

Los vecinos y vecinas respiran tranquilos

“Es como si nos hubiera tocado la lotería” manifiesta a la SER Raquel Gallego, una de las personas que viven en el edificio de Sociópolis. Gallego celebra que termine bien un largo camino que iniciaron hace meses y que les ha llevado en ocasiones a temer por sus hogares: primero por el cambio de propiedad del edificio, después porque no terminaba de sustanciarse la promesa de la Generalitat. Ahora que todo ha acabado, celebra que haya terminado bien: "Estamos eufóricos. Tenemos mucha tranquilidad de saber que seguimos teniendo un techo".

De la resolución de la Vicepresidencia Segunda se extrae que “la zona donde se ubica el edificio objeto de informe” cuenta con un total de 262 personas “de las cuales 173 se encuentran en umbrales de ingresos por debajo del 2.5 PREM”.

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Además, sigue el documento, “de ellas 119 tienen la consideración de asilada o refugiada y 67 requieren de ayuda por tener reconocida situaciones de dependencia, a los que deberíamos sumar las 114 familias afectadas de no ofrecerles una solución”.