Localizados en dos explotaciones de Alicante 300 ejemplares de ovino y caprino para su sacrificio clandestino y venta ilegal de carne
Hay 22 implicados en una red que proveía ejemplares desde distintas localidades del país
Una de las explotaciones de Alicante que albergaban ejemplares sin control sanitario / Guardia Civil
Alicante
Un total de 22 personas están supuestamente implicadas en el sacrificio clandestino de ganado para la venta ilegal de la carne, según una operación de la Guardia Civil en la que se han intervenido 305 ejemplares de ovino y caprino en dos inspecciones realizadas en la provincia de Alicante, ha informado este jueves el instituto armado.
En concreto, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del instituto armado ha investigado penalmente a diez personas por delitos contra la salud pública, maltrato animal, receptación, falsedad documental y simulación de delito.
También ha denunciado administrativamente a otras doce por infracciones recogidas en la Ley 6/2003 de Ganadería de la Comunitat Valenciana, por el movimiento de animales sin emisión de documento sanitario de traslado, falta de trazabilidad e identificación de los ejemplares, y utilización fraudulenta de marcas identificativas, entre otras anomalías. Estas infracciones están sancionadas con multa desde 600 hasta 1.200.000 euros.
Los agentes han detectado ejemplares procedentes de la Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha.
La que ha sido denominada operación 'Chiqueros' se inició con una primera inspección en una explotación ganadera ubicada en Alicante, donde el Seprona localizó cien ejemplares de las especies ovina y caprina, a los que habían arrancado los crotales para impedir su identificación.
Los animales estaban hacinados, heridos, desnutridos, en pésimas condiciones higiénico-sanitarias y sin control veterinario.
Los agentes inmovilizaron los ejemplares y comenzaron la investigación para averiguar su procedencia. Gracias a que alguno de ellos estaba identificado mediante bolo ruminal, pudieron determinar que provenían de distintas explotaciones de la Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, desde las cuales debían haber sido trasladados a un matadero situado en Cartagena para su sacrificio, según figuraba en las documentaciones oficiales, pero al que en realidad nunca fueron enviados.
Una segunda explotación
Poco después, la Guardia Civil localizó en Cox (Alicante) una segunda explotación en la que halló otros doscientos ejemplares en circunstancias similares y, en este caso, además, algunos procedentes de instalaciones ganaderas que habían dado positivo en tuberculosis.
Los agentes constataron que tres de los investigados se habían organizado como un grupo criminal especializado en esta trama.
Se hacían con los animales falsificando los documentos veterinarios de traslado a un matadero oficial en Cartagena para su sacrificio, algunos incluso cuya destrucción había sido decretada por las autoridades sanitarias.
Sin embargo, en lugar de ser enviados a este matadero, eran desviados ilegalmente hasta las explotaciones de Alicante y Cox, en las que eran sacrificados para su venta irregular.
Los agentes descubrieron que algunos de los ejemplares habían sido robados en las explotaciones de origen. En otras ocasiones, los implicados ofrecían a los ganaderos un precio más alto que el que les sería pagado en el matadero y que la banda recuperaba después con la venta ilegal de la carne.
En el total de la operación se han inmovilizado 305 ejemplares de ambas especies, ovina y caprina, decretándose el sacrificio y destrucción de los mismos dado el riesgo de contagio a otros ejemplares, así como el riesgo derivado por su consumo, al no poder acreditarse las enfermedades y tratamientos veterinarios por la falta de trazabilidad.
Las diligencias instruidas por los agentes del Seprona han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Alicante.
Por su parte, los expedientes administrativos han sido remitidos a las direcciones generales de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, a la Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia y a la Dirección General de Salud Pública de la Región de Murcia, autoridades competentes para entender del caso.
