El Ayuntamiento de Alicante recurre ante el Supremo la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución
El portavoz municipal ha indicado que la ordenanza de Convivencia Cívica se tramitó de "forma correcta"
Alicante
El Ayuntamiento de Alicante ha recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anulaba los artículos más polémicos de la Ordenanza de Convivencia Cívica., aquellos en los que se permite multar a las mujeres prostituidas y a las personas sin hogar que piden dinero en la calle. La norma, recordamos, fue denunciada ante la justicia por Unidas Podemos en la anterior legislatura. Salió adelante con los votos de PP, Ciudadanos y el apoyo de Vox y está en vigor desde 2022.
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El pasado mes de mayo el TSJCV daba en parte la razón a Unidas Podemos que denunció esta normativa municipal, en la anterior legislatura, al entender que se vulneraban los derechos fundamentales de estos colectivos y se basaba, sobre todo, "en las cuestiones que tienen que ver con la vulneración de esos derechos por cuestiones de género". El portavoz municipal, y responsable de Asesoría Jurídica, el popular Manuel Villar, insiste en que el expediente y tramitación de la norma es "correcto".
Manuel Villar, portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Alicante: "Hemos recurrido la sentencia del TSJCV sobre la ordenanza de mendicidad"
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En concreto, el TSJ señalaba en su sentencia que la ordenanza aprobada por el bipartito y Vox "no cumple las exigencias del requisito del informe de impacto de género", a pesar de que sí se hizo constar la existencia de un informe de perspectiva de género. La sentencia se firmó el pasado 18 de abril.
La ordenanza
Recordamos que la sentencia establece multas de entre 750 y 1.500 euros a las personas que, "bajo apariencia de mendicidad o de manera organizada, representen actitudes coactivas o de acoso, u obstaculicen e impidan el libre paso de las personas por los espacios públicos". Sanciones que pueden incrementarse hasta los 3.000 euros si se pide limosna o se ofrecen "servicios o productos de manera intimidatoria", como por ejemplo pañuelos en los semáforos, cuando se hace acompañado de un menor o se obliga a un menor a hacerlo.
En cuanto a la prostitución en la vía pública, se sancionará con multas de 100 a 750 euros para la parte ofertante y de 750 euros a 1.500 euros para los demandantes de estos servicios.