Condenan a pagar casi 1.000 € a tres personas por agredir y gritar "moro de mierda" al propietario de una tienda en Benicalap

València

Los tres autores de la agresión racista sufrida por los regentes de una frutería de Benicalap, una pareja formada por un paquistaní y una española, han sido condenados por un delito de daños y dos delitos leves de lesiones con la agravante de cometerlos por razones de raza, según el artículo 22.4 Código Penal.

Los hechos ocurrieron en abril de 2021 cuando tres hombres gritaron "moro de mierda vete a tu país" al hombre de la tienda y "qué haces follándote a un moro" a la mujer, mientras les atacaban y les tiraban la fruta.

Según la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 19 de València, cada uno de ellos han sido condenados a pagar diez meses de multa con cuota diaria de 5€, una indemnización solidaria a las víctimas de 984,92€ por las lesiones sufridas y los desperfectos causados y 189,49€ por los gastos ocasionados a la sanidad pública, además de las costas procesales.

Desde Valencia Acull, entidad que ha representado a las víctimas en la acusación particular, Paco Simón defiende que la multa es ejemplarizante: "La idea es que haya condenas por estos hechos porque no hay que dejar pasar ni una, pero no tiene que ser necesariamente ir a prisión. La idea es que reflexionen sobre lo que han hecho".

Las víctimas han llegado a un acuerdo y no han solicitado pena de prisión por las muestras de arrepentimiento de los acusados y por su compromiso de no volver a actuar del mismo modo; no obstante, si no se paga la multa, el juez puede imponer un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que, tratándose de delitos leves, podrá cumplirse mediante localización permanente.

Las propias víctimas y una testigo de los hechos ratificaron ante la justicia que, además de golpearles y dañar la fruta y verdura, les gritaron “moro de mierda vete a tu país” y “qué haces follándote a un moro”, entre otros insultos.

Desde Valencia Acull, Simón ha reclamado que se investiguen todos los casos a fondo porque "el problema es cuando es la palabra de la víctima contra la del agresor" y también que se tenga en cuenta la vulnerabilidad de las víctimas. Según apunta, si la víctima hubiera sido una persona administrativa irregular, "hubiera sido problemático porque muchas veces si acudes a la Policía te arriesgas a que te abran un expediente de expulsión".