Alicante

El jefe de la Policía Local de Alicante y dos oficiales del cuerpo tendrán que declarar en los tribunales por el traslado de cuatro agentes del Grupo Operativo de Intervención Rápida. Traslado de la unidad que los afectados consideran una sanción encubierta, por lo que denunciaron los hechos por un posible delito de prevaricación.

Los hechos ocurrieron en julio de 2022. Cuatro de los siete agentes de uno de los dos equipos con los que cuenta el GOIR fueron retirados de la unidad por, supuestamente, falta de compromiso, negarse a realizar servicios extra y a flexibilizar el horario. Algo que niegan los afectados quienes señalan que solo se limitaron a recordarle a los superiores que, aunque cobren un plus por disponibilidad, se debe respetar el derecho al descanso que establece la legislación.

El cambio de destino se produjo a través de una orden de servicio interna, aseguran los afectados, y sin abrirse previamente ningún expediente disciplinario, por lo que denunciaron los hechos por una posible prevaricación.

El juzgado de Instrucción número 9 de Alicante sobreseyó la denuncia sin tomar declaración a las partes. Y ahora, la Audiencia Provincial acepta el recurso de apelación presentado y obliga al juzgado a reabrir las diligencias, explica Manuel Sánchez, uno de los cuatro agentes afectados que era, además, el jefe del equipo por aquel entonces.

Exigen "poner orden en el cuerpo

Mientras, desde la oposición, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, lamenta que se trata de otra nueva polémica en la Policía Local y exige al alcalde Barcala que "tome cartas en el asunto y ponga orden en el cuerpo".

Responde el portavoz adjunto municipal, Manuel Villar, quien asegura respetar las decisiones judiciales y añade que no se plantean cambios en el funcionamiento de la Policía Local. Valora además la labor del nuevo concejal de Seguridad durante estos meses de mandato.