Stop Ganadería Industrial rechaza el nombramiento de Letizia Sanchiz en la Conselleria de Agricultura por incompatibilidad

La Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, formada por más de 70 colectivos vecinales y organizaciones en contra de este modelo de ganadería, rechaza el nombramiento de Leticia Sanchiz como Directora General de Producción Agrícola y Ganadera. Según la entidad, como refleja la web del Grupo Sanchiz y su propio perfil profesional en LinkedIn, la nueva directora general pertenece a la segunda generación de la familia propietaria del Grupo Sanchiz y forma parte de su equipo directivo.

La entidad apunta que a día 7 de septiembre, Leticia Sanchiz aparecía con más de 30 cargos activos en diferentes sociedades del grupo, la mayoría domiciliadas en las provincias de Albacete y Valencia y dedicadas principalmente a la actividad ganadera, gestión de residuos, plantas de biogás y fotovoltaicas, según la información pública recogida en el Registro Mercantil.

Sanción por vertidos de purines

Según explican, además, la Consejería de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla - La Mancha sancionó en julio de 2020 a la sociedad Granja de Ves S.L., filial del Grupo Sanchiz, con 3.000 euros, por una falta grave al verter los purines en parcelas cercanas a su macrogranja de Balsa de Ves, en Albacete.

En palabras de la asociación, la sanción acredita “alta dosis de aplicación de purines, que puede ocasionar contaminación por nitratos, produciendo encharcamientos en las parcelas”. La empresa sancionada interpuso recurso contencioso - administrativo contra esta sanción, que fue desestimado en 2021 por el Juzgado Contencioso Administrativo de Albacete, cuya sentencia confirmó la sanción.

Asimismo, desde la Coordinadora Stop Ganadería señalan que varias actividades llevadas a cabo por filiales del grupo Sanchiz han levantado controversias. Por ejemplo, la contestación social que ha tenido la macrogranja de su filial D.I.A.G. (División de inversiones agrícolas y ganaderas S.L.) en el término municipal de Ayora, Valencia. Según alertaron en enero 2022 los vecinos que conforman la Plataforma Contra la Macrogranja de Ayora, la ampliación a 7.200 cerdos “estaba llena de irregularidades” ya que la empresa promotora recibió una subvención de 230.000 euros de la Generalitat Valenciana incluso antes de contar con la Declaración de Impacto Ambiental aprobada.

Cargo público con intereses particulares en el sector

La portavoz Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, Inma Lozano, sostiene que "a fecha de hoy no se tiene constancia de la renuncia de sus cargos privados pero, aunque lo haga, no resulta ético el nombramiento de la que es directiva y miembro de la familia propietaria de un conglomerado empresarial directamente relacionado con el área que se va a gestionar”.

La Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas establece que “no se podrá ejercer actividades privadas que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviere destinado”.

Añade la portavoz de Stop Ganadería Industrial que “es vergonzoso el nombramiento como alto cargo público de una directiva de un grupo empresarial con sanciones por irregularidades y que ha hecho del lavado verde un arte, ocultando los datos reales del impacto ambiental de sus actividades de ganadería industrial y gestión de residuos”.