Alicante

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha exigido la paralización inmediata de las obras del Centro de Inteligencia del Agua al apreciar irregularidades urbanísticas por parte del equipo de gobierno.

Los socialistas han denunciado este miércoles en rueda de prensa que el edificio y la parcela en los que se están ejecutando las obras -ubicados en el antiguo parque de bomberos de la calle Italia 21- están calificados como equipamiento dotacional docente en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Según las normas urbanísticas, en ese espacio solo se podría destinar el suelo para enseñanza Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato u otras enseñanzas regladas.

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En septiembre de 2022, Aguas de Alicante presentó la memoria descriptiva de la actividad e instalaciones principales para solicitar el informe urbanístico y el certificado de compatibilidad. A finales de 2022, la Concejalía de Urbanismo emitió un informe en el que consideraba "no apto" el emplazamiento, ya que la calificación del suelo figura como suelo de equipamiento docente, según el plan general vigente.

Según el PSOE, para aprobar la ejecución de esta obra era necesario una "modificación puntual" del PGOU, un procedimiento que el Ayuntamiento de Alicante no ha llevado a cabo. Sin embargo, el equipo de gobierno sí que solicitó una "ampliación de usos" a través de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social para el proyecto del Centro de Inteligencia del Agua y el Hub de la Blue Economy en el marco de Alicante Futura. La Jefatura del Servicio de Alcaldía justificó la adscripción del espacio para ese uso por ser "prioritario para el equipo de gobierno".

Su portavoz, Ana Barceló, ha asegurado que esa "ampliación de usos" del PGOU no está permitida y que acudirán a los tribunales si el equipo de gobierno no paraliza las obras. Asegura que podría haber un "supuesto delito de prevaricación" e incluso "responsabilidades penales". En el escrito registrado al alcalde de Alicante los socialistas piden, además de la paralización de las obras, el inicio de la modificación puntual del PGOU.

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Por su parte, la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha explicado que "sin la modificación puntual del PGOU no pueden ejecutarse las obras por una incompatibilidad de usos del inmueble". Recuerda que el uso que pedía Aguas de Alicante era un "uso terciario, comercial y de servicios" y el suelo de la parcela estaba calificado como "equipamiento docente".

De hecho, Amorós señala que cuando el Servicio de Urbanismo comunica a Aguas de Alicante la incompatibilidad del uso de la parcela con la actividad del Centro de Inteligencia del Agua, la propia empresa mixta desiste y se retira del procedimiento. El Ayuntamiento, incluso, acepta el desestimiento de Aguas de Alicante. "En ese momento es cuando el Ayuntamiento debería haber iniciado la modificación puntual del PGOU para poder llevar a cabo ese proyecto pero no sucede así" explica Amorós.

A partir de ese momento, según Amorós, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante "adscribe esa parcela a la Agencia Local de Desarrollo y ésta inicia, de nuevo, ese trámite de petición de licencia de obra. La socialista asegura que, posteriormente, la propia Agencia Local de Desarrollo envió un escrito a la Conselleria de Educación solicitando el cambio de uso docente a pesar de que es el propio PGOU el que regula el uso del suelo. "El Ayuntamiento siguió adelante con las obras anunciando el inicio de los trabajos en abril y firmando el 21 de julio de 2023 el acta de replanteo y el inicio de las obras".

Niegan irregularidades

Por su parte, como respuesta del equipo de gobierno municipal, la concejala de Empleo y de la Agencia Local de Desarrollo, Mari Carmen de España, ha negado cualquier irregularidad en la tramitación de esta obra.

Eso sí, reconoce que la parcela es de uso dotacional docente, pero añade que el proyecto se está llevando a cabo de forma provisional ya que tienen cinco años para modificar puntualmente el PGOU y cambiar la calificación del suelo.

Y asegura no entender lo que considera una persecución del grupo socialista.