Alicante

El PP saca adelante, gracias a la abstención de Vox, la importante reestructuración de personal que quiere aplicar en el Ayuntamiento de Alicante. Una remodelación, tratada en una Comisión de Presidencia convocada por urgencia, que plantea la creación de doce puestos de alto cargo en el consistorio alicantino, con un coste para las arcas públicas de 1,5 millones de euros. Y es que las nuevas plazas tendrían un coste presupuestario de entre 75.000 y 82.000 euros brutos al año cada una.

Cambios que defiende el PP "para profesionalizar el Consistorio", pero que rechaza la oposición al considerar que se producen porque el alcalde no confía en su propio equipo de gobierno. El portavoz adjunto municipal, Manuel Villar, defiende que ciudades como Málaga triplican el número de altos cargos que ahora plantean. Anuncia que serán cargos que cesarán a final de cada legislatura o cuando se produzca un cambio de gobierno.

Asegura, además, que se utilizarán fondos provenientes de amortizaciones de plazas no ocupadas, por lo que "el impacto económico será mínimo", y considera que se trata de una inversión y no de un gasto, "por la mejora en la gestión que supondrá".

Por su parte, fuentes consultadas de Vox aseguran que les han convencido las explicaciones del alcalde en la Comisión sobre el "casi inexistente coste" de estos cambios por la amortización de plazas y sobre la existencia de estos altos cargos en otros ayuntamientos similares. Por eso, añaden, se han abstenido y analizarán toda la documentación "exhaustivamente" antes de pronunciarse definitivamente en Pleno.

Una abstención que critican desde el resto de la oposición. Los partidos progresistas consideran que estaba ya pactada de antemano y critican que, "por un lado, Vox se queja de los chiringuitos, pero que no tiene ningún reparo en abstenerse en una propuesta que debería haberse consensuado mínimamente por decencia democrática".

Desde el PSOE, su portavoz Ana Barceló, señala además que no se tiene una estrategia clara para la ciudad y critica el gasto excesivo que supondrán estos nombramientos, que, además, "tendrán funciones que, en realidad, corresponden al equipo de gobierno”.

Rafa Mas, de Compromís, asegura que se trata de un intento para controlar el día a día en el Ayuntamiento al margen de los funcionarios y de abrir las puertas a una posible privatización de la gestión municipal.

Y desde Esquerra Unida, Manolo Copé advierte de que en otras ciudades similares los altos cargos no son tan numerosos y exige "un acuerdo con la oposición y con los sindicatos en un tema tan importante como este".

Los funcionarios, "indignados"

Por cierto, que entre los funcionarios no ha sentado nada bien esta propuesta del equipo de gobierno. No entienden los sindicatos cómo se puede aprobar para el próximo año la incorporación de estos cargos "con casi un millón y medio de euros de coste" y, sin embargo, el equipo de gobierno de Barcala "ponga siempre como excusa las dificultades presupuestarias a la hora de negociar cualquier mejora laboral", asegura Mariano Postigo, secretario general del SEP, el sindicato mayoritario en el Ayuntamiento.

En este sentido, desde Comisiones Obreras consideran en un comunicado que el alcalde Barcala "se ríe de los funcionarios cuando dice que no hay dinero para implantar la carrera profesional". Por eso anuncian movilizaciones.

Algo que rechaza Manuel Villar, quien les contesta que el próximo viernes se reunirán con los sindicatos "para dar cifras concretas" sobre la Carrera Profesional y niega que se pongan excusas presupuestarias para no implantarla.