Los alcaldes de Pinoso y Algueña aclaran que no son dos funcionarios de los ayuntamientos los detenidos en la trama que falsificaba permisos para censar a extranjeros

Elda

Este jueves, Policía Nacional daba a conocer la detención de dos funcionarios de Pinoso y Algueña al desmantelar parte de una organización que falsificaba documentos para que extranjeros que pagaban hasta 1.500 euros por los papeles obtuvieran el certificado de empadronamiento y pudieran reclamar así ayudas sociales.

Ante esta noticia, los alcaldes de Pinoso y Algueña, Lázaro Azorín y Sergio Ramírez han querido aclarar ante los micrófonos de Radio Elda Cadena SER que no se trata de trabajadores públicos del ayuntamiento.

Fue en abril cuando la primera autoridad de Pinoso conoció que a los trabajadores del consistorio se les estaba citando y, tras contactos con la Subdelegación del Gobierno, se pusieron a disposición para colaborar. Azorín ha aclarado que no es un empleado público sino una persona a la que el LABORA contrató para trabajar durante un año en al ayuntamiento.

De la misma forma, el alcalde de Algueña, quien se enteró por los medios de comunicación de esta noticia, afirma que, solo son cinco las funcionarias que trabajan en el consistorio y ninguna de ellas está implicada. Apunta Ramírez a una trabajadora pública de la Mancomunidad de la Vid y el Mármol a la que pertenecen la que podría estar implicada.

Ambas autoridades lamentan que este tipo de situaciones puedan desvirtuar el sentir de las ayudas sociales y las necesidades de las personas que tienen que abandonar su país buscando una vida mejor.

Hay que recordar que la trama se inició al conocer que en varios domicilios de estas dos poblaciones se estaban empadronando a un inusitado número de personas.

Ante estos hechos, los agentes comprobaron que estas personas habían obtenido el empadronamiento presentando ante los consistorios diversa documentación en la que señalaban vivir en un domicilio en el que realmente no residían y sin la autorización de los legítimos propietarios de las viviendas.

Además, una vez habían obtenido el empadronamiento, pedían la tarjeta sanitaria ante el Servicio Valenciano de Salud y utilizaban esa documentación falsificada para tramitar el permiso de residencia en España por reagrupación familiar, finalizando esta concatenación de ilícitos trámites solicitando diversas ayudas sociales.

Durante la investigación, los agentes constataron que el principal cabecilla de la trama facilitaba los contratos de alquiler falsos a estas personas, con los que podían obtener las inscripciones en los registros de empadronamiento, percibiendo a cambio cantidades de dinero que oscilaban entre los 200 y 1.500 euros.

En este eslabón de la trama delincuencial orquestada por el principal cabecilla, todavía sin detener, era donde entraban en juego dos empleados públicos: uno realizaba las inscripciones, y otra funcionaria elaboraba informes falsos para los trámites de obtención de la residencia por reagrupación familiar.

14 personas han sido detenidas, aunque los principales cabecillas de la trama no han sido arrestados aún por los agentes al encontrarse desde el pasado julio en Marruecos. Actualmente, la investigación sigue abierta y hay más de una veintena de personas que están siendo investigadas al poder estar involucradas en estos hechos.