El expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, condenado a cinco años de cárcel por la causa de los 'zombies' de Imelsa

València

La sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, a cinco años de cárcel por el caso de los zombies de Imelsa, las personas que cobraban un sueldo público pero que en realidad no cumplían ninguna función. El exdirigente del Partido Popular también tendrá que cumplir una pena de 14 años de inhabilitación y una multa de 5.400 euros.

El juez también impone una pena de cinco años de prisión, 14 de inhabilitación y multa de 5.400 euros al exconsejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla y al exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, también conocido como 'yonqui del dinero'. Se les condena por los delitos continuados de malversación en concurso con prevaricación y falsedad documental, aunque han sido absueltos del delito de pertenencia a organización criminal.

Al resto de los acusados la Sala les condena a penas que van desde los cuatro meses de suspensión para empleo o cargo público hasta los cuatro años y cuatro meses de cárcel, además de 17 años y 6 meses de inhabilitación. La sentencia, que ha sido notificada este viernes a las partes, aprecia para todos los condenados la atenuante de dilaciones indebidas y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La sentencia es contundente

La sentencia recoge textualmente cuando se refiere a las contrataciones de los 'zombies' que "se debió a favores personales o por su pertenencia al mismo partido político y no a la necesidad de prestar determinados servicios a la empresa. Para ello, se les atribuyeron funciones vacías de contenido y que no desempeñaron, sin ningún control de presencia, que nada tenían que ver con las tareas verdaderamente realizadas, al menos en parte relacionadas con los intereses del partido. De esta forma, se apartaron caudales públicos de las necesidades del servicio público y se destinaron al lucro de los trabajadores contratados para cumplir fines de índole política, ajenos a la finalidad de los fondos.”

Y cuando se refiere a la condena por malversación incide en el daño que este tipo de actitudes suponen para la confianza de los ciudadanos en las administraciones: “la pena no puede ser mínima debido al significativo importe total de los fondos sustraídos y, particularmente, a la importancia de los cargos públicos que los acusados ostentaban, lesionando en gran medida la confianza del ciudadano en la administración y en los controles de la actividad administrativa, y defraudando la mayor responsabilidad implícita en los puestos que ostentaban.”

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Respecto a la justicia y "el pasado del PP aun es presente"

Las reacciones de los grupos políticos no han tardado en llegar. El primero en manifestarse ha sido el secretario de Organización del PP valenciano, Miguel Bailach, que ha defendido el "respeto a la justicia", pero ha apuntado que Rus tiene derecho a plantear recurso. "Tendrá su derecho a alegar, pero la justicia tiene que resolver y es un proceso que ha durado mucho tiempo", ha aseverado.

Por su parte, el diputado socialista en Les Corts, Arcadi España, ha señalado que este tipo de noticias "afectan a la imagen reputacional de la Comunitat Valenciana" y, a su juicio, demuestran que "el pasado del PP aun es presente".

En esa misma línea se ha expresado el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, que ha recordado que Máximo Caturla "coincidió en el tiempo con el actual conseller de Educación" mientras ambos estaban en ese departamento. "Esta sentencia da la razón a quienes tanto denunciamos estos tiempos oscuros del PP", ha argumentado.