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Anticorrupción arranca la investigación por las obras del Centro de Inteligencia del Agua de Alicante

Las ediles socialistas Ana Barceló y Trini Amorós que interpusieron la denuncia han sido citadas a declarar el próximo miércoles

La portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, acude a Fiscalía, junto a la edil Trini Amorós, para denunciar al Ayuntamiento de Alicante / Omar Sancho Maestre

La portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, acude a Fiscalía, junto a la edil Trini Amorós, para denunciar al Ayuntamiento de Alicante

Alicante

Fiscalía Anticorrupción inicia la investigación y ha llamado a declarar a las ediles socialistas Ana Barceló y Trini Amorós después de que ambas acudieran a denunciar presuntas irregularidades por parte del equipo de gobierno local en la tramitación para la construcción del Centro de Inteligencia del Agua, según confirman fuentes cercanas al caso. Ambas están citadas el próximo miércoles.

El PSOE denunció ante la Fiscalía, el pasado mes de octubre, a los concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante por un posible delito urbanístico en la construcción del Centro de Inteligencia del Agua, en la calle Italia.

Los socialistas advirtieron hace unas semanas de una irregularidad al ubicarse este proyecto en una parcela que el PGOU califica de uso docente. Le dieron un margen al Ayuntamiento para corregir esta situación y paralizar las obras. Ante esta advertencia, el PP hizo oídos sordos porque aseguraba que el Consistorio había solicitado una "ampliación de usos" para esa parcela.

En esta línea, añadía que el propio planeamiento municipal contempla que ese tipo de actuaciones provisionales tengan una cobertura de hasta cinco años, lo que supondría tiempo suficiente para que pueda promoverse una modificación puntual del PGOU.

Sin embargo, desde el PSOE aseguran que esa ampliación de usos no está permitida en la legislación y consideran que, para aprobar la ejecución de esta obra, era necesario una "modificación puntual" del Plan General.

Por ello, decidieron llevar el asunto a fiscalía por una posible prevaricación administrativa y ponen el foco tanto en los miembros de la actual Junta de Gobierno Local como en los de la anterior legislatura, ya que el proyecto se inició en la época del bipartito de PP y Ciudadanos.

 
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