Familiares de dependientes denuncian que ya hay entidades pidiendo dinero a los usuarios de residencias y centros para cubrir el servicio

Alicante

Los familiares de dependientes piden ir "todos a una una" para que los inminentes recortes de la Generalitat que afectan a estos colectivos, no repercutan en los usuarios.

Aseguran que ya hay entidades, de las que tienen el servicio concertado con la Conselleria de Servicios Sociales, que están pidiendo dinero a los propios usuarios de residencias, centros de día y ocupacionales, para poder cubrir el servicio; algo que consideran "una aberración", dice Sandra Casas, abogada de la Plataforma de la Dependencia en la Comunitat.

La semana pasada, recordamos, sindicatos y entidades sociales se concentraron ante el Palau de la Generalitat para reclamar el cumplimiento del acuerdo alcanzado hace un año sobre condiciones laborales del personal de servicios sociales, y en defensa de un servicio de calidad y sin recortes. También la Federación de Entidades de Atención a la Discapacidad de la Comunitat (FEADCV), lanzaba hace unos días una "alerta urgente" sobre la reducción de más de 14 millones de euros en los fondos destinados a 131 entidades sin ánimo de lucro que gestionan centros y servicios para este colectivo.

Pero la solución, insiste Casas, no es volver al copago. Y "tampoco que se ahogue a esas entidades sin ánimo de lucro, que integran asociaciones de familiares o cooperativas de trabajadores, de forma que el servicio acabe en manos de fondos de inversión".

"Lo que hay que hacer es ir de la mano, que los recortes no los pague el usuario", insiste en su mensaje a las entidades y a la patronal.

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Desde la Conselleria insisten en poner en marcha un plan de choque para "abonar la deuda contraída por el anterior ejecutivo con las entidades del sector" que, aseguran, "asciende a más de 100 millones de euros correspondientes a más 2.400 facturas encontradas en los cajones".

Facturas sin abonar desde 2018, señalan estas fuentes, que han puesto "en peligro el cobro de los salarios de trabajadores y trabajadoras ante la imposibilidad de las entidades de poder abonarlos".