La Plataforma de Afectados por la Hipoteca reclama al Gobierno prorrogar las medidas antidesahucios

València

Cada día, se producen, de media, más de tres desahucios en la provincia de Valencia. En concreto, el año pasado se registraron 1.491 ejecuciones hipotecarias en la provincia y, durante este 2023, las cifras todavía son alarmantes, según denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

De acuerdo con la PAH, estos desahucios se siguen llevando a cabo a pesar de las medidas aprobadas aprobado por el Gobierno central, que prohíbe echar de las viviendas a personas o familias sin alternativa habitacional y que ha permitido paralizar el 25% de estos desalojos, según la PAH. En este sentido, reclaman al Ejecutivo central que prorrogue la medida, ya que caduca el próximo 31 de diciembre.

Por su parte, José Luis González, uno de los portavoces de la PAH en València, asegura que los desahucios siguen siendo imparables en muchos casos y, pese a la moratoria, continúan existiendo, porque no siempre se aplica la normativa. En cualquier caso, González considera fundamental ampliar esta medida. De lo contrario, afirma, se puede agravar el problema.

La mayoría de desahucios se debe al impago del alquiler

El 71% de los desahucios producidos durante el último año en la Comunitat Valenciana se debe al impago del alquiler y el 26% al de la hipoteca. Se trata de algo muy diferente a lo que ocurría hace diez años, cuando la mayoría se originaban por no poder abonar los préstamos hipotecarios.

Entidades sociales reclaman en València una ley estatal que garantice el derecho a la vivienda

En València, la PAH celebra asambleas cada dos semanas, a las que acuden una media de entre 50 y 60 personas y donde se asesora y se informa a todos aquellos que lo necesiten. El portavoz de la plataforma, José Luis González, afirma que muchos de ellos deben poco dinero, pero que ninguna entidad bancaria les concede préstamos.

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Por este motivo, González recuerda que la mayoría de personas que no pueden pagar el alquiler o la hipoteca residen en viviendas que son propiedad de bancos o fondos de inversión. Sin embargo, el porcentaje de ocupaciones es mínimo. En consecuencia, reclama que no se cree una "alarma social" por algo que no está generalizado.