Una sentencia del Tribunal Constitucional pone "en riesgo de quiebra" a Vila-real
El órgano judicial ha declarado inconstitucional la moratoria que paralizó la solicitud de expropiaciones rogadas
Ayuntamiento de Vila-real / Fernando Moreno
Una sentencia urbanística del Tribunal Constitucional pone en riesgo de quiebra a Vila-real. El órgano judicial ha declarado inconstitucional la moratoria que paraliza la solicitud de expropiaciones rogadas derivadas de la política de urbanismo a coste 0 que hizo el PP entre 2007 y 2011. El consistorio está analizando las posibles consecuencias para las arcas municipales, todavía sin cuantificar.
La sentencia que el Tribunal Constitucional ha emitido declara inconstitucional la moratoria urbanística que aprobó la Generalitat gobernada por el Botànic. Esta medida se tomó a petición del ayuntamiento y para frenar el alud de solicitudes de expropiaciones rogadas por parte de propietarios de suelo afectados por las acciones urbanísticas llevadas a cabo por el anterior gobierno municipal liderado por el Partido Popular.
El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha señalado que la moratoria, que arrancó en 2017 y que estaba prorrogada hasta el próximo 31 de diciembre de 2023, permitió al ayuntamiento llevar a cabo acciones legales para negociar los pagos a los vecinos afectados y para ir saldando la deuda heredada.
Benlloch ha explicado que los distintos grupos de Les Corts estaban negociando la presentación de una enmienda en las próximas semanas para que la Generalitat volviera a prorrogar la moratoria hasta 2027. En este sentido, el alcalde de Vila-real ha señalado que la publicación de la sentencia les ha pillado por sorpresa.
Benlloch: "Esta sentencia es un misil para la economía de Vila-real"
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El Ayuntamiento de Vila-real ha pagado, en los últimos 12 años, más de 35 millones de euros por sentencias o convenios urbanísticos derivados de la última etapa de gobierno del PP en el municipio. Benlloch ha asegurado que si se confirma la afección de la sentencia del supremo a la economía del municipio, pedirá una reunión de urgencia al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para pedir responsabilidades a una situación que Benlloch achaca al PP.
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Benlloch ha asegurado también que los servicios jurídicos del consistorio están analizando la sentencia y sus consecuencias económicas y que, ante un posible escenario de extrema gravedad, no descarta llevar a cabo acciones jurídicas para exigir responsabilidades a los miembros del anterior gobierno popular en Vila-real.
