El Colegio Oficial de Trabajo Social de València evidencia con un estudio "la grave situación de la vivienda"

València

El Colegio Oficial de Trabajo Social de València (COTSV) ha realizado, a través de profesionales del colectivo, un estudio diagnóstico sobre la que considera una de las "principales problemáticas" sociales en la actualidad: el acceso a la vivienda, en el que se evidencia una "grave situación" en el ámbito provincial, que se debe entender como "una realidad con múltiples repercusiones en la vida de la ciudadanía".

Entre otras cuestiones, según explica Amparo Felipe en la Ventana Comunitat Valenciana el estudio señala que tradicionalmente el perfil de personas en situación de sinhogarismo respondía, a su vez, a situaciones de exclusión social. Sin embargo, se ha producido un "cambio significativo" y el perfil es "cada vez más heterogéneo" ya que ahora se atiende con frecuencia a personas que, a pesar de disponer de recursos económicos, "ya no pueden acceder o mantener el alquiler de una vivienda completa ni de habitaciones en pisos compartidos".

Asimismo, las profesionales del Trabajo Social han detectado un nuevo perfil de personas empleadas domésticas, principalmente mujeres, que son contratadas como cuidadoras internas en domicilios, cuya pérdida de empleo lleva asociada la pérdida de su vivienda habitual.

Por otra parte, también destacan el incremento de las situaciones de pérdida de vivienda entre unidades familiares con personas menores de edad a cargo, lo cual "pone en evidencia la situación de pobreza y especial vulnerabilidad en la que se encuentran la infancia y la adolescencia".

El COTSV denuncia en su trabajo el "incremento exponencial" del precio de las viviendas alquiladas y de las habitaciones alquiladas en pisos compartidos en los últimos años, que está obligando a muchas personas a destinar a este pago "hasta un 80 por ciento de sus ingresos disponibles, teniendo que priorizarlo sobre la cobertura de otras necesidades básicas".

El pago del alquiler supone para determinados colectivos un gasto superior a sus ingresos, lo que genera deudas que, en algunos casos, les lleva a perder la vivienda. A ello se suma que las ayudas públicas son, actualmente, "insuficientes" porque no se han actualizado de acuerdo con la realidad, según expone la entidad colegial en un comunicado.

Asimismo, los precios actuales están fomentando el subarriendo de habitaciones "de manera irregular" como alternativa, una situación que conlleva diferentes abusos, entre los que citan estafas, restricción del derecho de uso de suministros por su coste extra o expulsiones de la vivienda por dificultades en la convivencia, y "nuevas problemáticas", como el hacinamiento de familias completas en habitaciones, la menor protección ante desahucios o la explotación sexual, ya que cada vez se identifica a más mujeres jóvenes, en muchos casos migrantes, que son "acogidas" en viviendas en manos de varones solos.

Por otra parte, desde el COTSV apuntan que muchas personas con viviendas en propiedad están viendo esta subida de precio "como una oportunidad para incrementar sus ingresos", lo que propicia la revisión de contratos con "importantes aumentos" en la mensualidad y los desahucios.

Además, ha denunciado que el acceso a la vivienda se ha "complicado" por el endurecimiento de los requisitos para que una unidad familiar o una persona sea aceptada como inquilina. "Todo ello está acrecentando las discriminaciones frecuentes a las que se enfrentan las personas con problemáticas sociales asociadas o cronificadas, las personas mayores y las personas racializadas", ha expresado la entidad.

Complicaciones con el padrón

Otra de las realidades sobre las que el COTSV alerta en su estudio diagnóstico es el negocio ilegal de compra de empadronamientos. Los profesionales del sector indican que como medio de prueba legal de la residencia en el país y en el municipio correspondiente, permite el acceso a diversos derechos sociales y prestaciones, por lo que "acaba siendo considerado un bien necesario más que un registro de la residencia real" y, debido a ello, "muchas personas se encuentran dispuestas a pagar por conseguir estar empadronadas".

En este sentido, además, destaca el caso de las personas migrantes, quienes han de renovarlo cada dos años y se quedan sin padrón durante algunas temporadas sin saberlo, "lo cual les impide o limita el acceso a determinados derechos, servicios o prestaciones públicas".

Las profesionales del COTSV proponen una serie de medidas concretas que permitan comenzar a atajar esta situación desde diferentes perspectivas, como la repoblación de zonas despobladas hasta la activación real de la llamada Xarxa Lloga'm para incentivar el alquiler de viviendas a través de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda con garantías en cuanto a condiciones y seguro de impagos o el incremento del parque público asequible de vivienda de titularidad de la Generalitat y de los ayuntamientos.

Asimismo, el equipo del COTSV pide el desarrollo de la Ley de Barrios con competencias en materia de vivienda y Servicios Sociales, que permita incorporar la adopción de una "atención integral" para el conjunto de la Comunitat Valenciana frente a la vulnerabilidad territorial; estimular la constitución de comunidades de propietarios/as e inquilinos/as, especialmente en los espacios más vulnerables, y aumentar el control sobre las viviendas vacacionales para proteger a los/as residentes de zonas especialmente turísticas o que están en auge.

Por último, desde el COTSV se plantea la necesidad de contar con equipos de intervención social en el seno de la Conselleria con competencias en materia de vivienda, "de manera que sea posible una actuación integral en el conjunto de sistemas de protección social y que también se incorpore la perspectiva social e integrada en las políticas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana", ha concluido la entidad.