El jefe de la Policía Local de Alicante niega que el traslado de cuatro agentes del GOIR fuera una sanción encubierta

Alicante

El jefe de la Policía Local de Alicante y dos oficiales del cuerpo han declarado este lunes en el Juzgado de Instrucción 9 por el traslado de cuatro agentes del Grupo Operativo de Intervención Rápida. Traslado de la unidad que los afectados consideran una sanción encubierta, por lo que denunciaron los hechos por un posible delito de prevaricación, además de por falsedad documental y por usurpación de las competencias del alcalde.

Y es que, consideran los afectados, se modificó el régimen jurídico de una unidad policial de forma unilateral a través de una orden interna del jefe de la Policía, José María Conesa, y no a través de un decreto de alcaldía como creen que debería haber ocurrido. Por eso, los afectados hablan de un traslado encubierto, una represalia, por pedir el cumplimiento de sus derechos laborales.

Algo que ha negado este lunes el propio jefe policial. Según los abogados de la acusación, Conesa ha asegurado que sus competencias le permiten realizar este tipo de modificaciones sin necesitar el visto bueno del alcalde.

Además, niega que se tratara de una represalia contra estos cuatro agentes y se justifica en que no se les abrió ningún expediente disciplinario porque no incurrieron en ninguna infracción ni dejaron de ejercer sus funciones. Simplemente se trata, ha asegurado, de un traslado por cuestiones de funcionamiento interno del cuerpo. Versión que han ratificado los dos jefes de la unidad.

Los hechos ocurrieron en julio de 2022. Cuatro de los siete agentes de uno de los dos equipos con los que cuenta el GOIR, cuatro fueron retirados de la unidad por, supuestamente, falta de compromiso, negarse a realizar servicios extra y a flexibilizar el horario. Algo que niegan los afectados quienes señalan que solo se limitaron a recordarle a sus superiores que, aunque cobren un plus por flexibilidad, no se estaban cumpliendo las normas de derecho laboral y de descanso.

El cambio de destino se produjo a través de esa orden de servicio interna, aseguran los afectados, y sin abrirse previamente ningún expediente disciplinario, por lo que denunciaron los hechos por, entre otros, un posible delito de prevaricación.

El juzgado de Instrucción número 9 de Alicante sobreseyó la denuncia sin tomar declaración a las partes, pero la Audiencia Provincial aceptó el recurso de apelación presentado y obligó al juzgado a reabrir las diligencias.

Ahora, tras prestar, esta vez, sí, declaración a los querellados, se está a la espera de que la juez de instrucción decida si prosigue con el proceso o si se archiva definitivamente.