Alicante

Las reacciones al acuerdo de PP y Vox en Alicante para aprobar los presupuestos de 2024 no se han hecho esperar por parte de la oposición progresista. Acuerdo que contempla, entre otras cosas, que no se aplicarán ni restricciones al tráfico ni sanciones dentro de las futuras zonas de bajas emisiones. PSOE, Compromís y EU-Podem lamentan que el PP haya comprado el negacionismo climático de Vox "por intereses partidistas" y presentarán una moción en el próximo Pleno del Ayuntamiento para que se cree una comisión de seguimiento sobre la aplicación de estas zonas.

Los socialistas denuncian que la justificación ofrecida por el equipo de gobierno de que Alicante no es una ciudad contaminada no es cierta. Según su portavoz, Ana Barceló, se basa en un informe de la Generalitat que no incluye dos de las partículas que más contaminan, las PM2.5 y las PM10. "La única estación que tiene la Generalitat para medir estas partículas de 2.5 está en Rabassa, por lo que no aporta absolutamente nada" por su distancia hasta el centro de la ciudad. Y las que posee por el centro, añade, como las PM10 o el nivel de ozono, "no miden las de 2.5 micras, que son las más contaminantes".

Asegura además que, hasta el pasado mes de octubre no comenzó la instalación de las cámaras de tráfico ni de los distintos medidores de contaminación que contempla el proyecto de Zona de Bajas Emisiones. "Vamos, que han diseñado toda la ZBE sin una sola medición de las partículas más restringidas y peligrosas según la Organización Mundial de la Salud", critica Barceló.

Por su parte, desde Compromís, su portavoz, Rafa Mas, advierte también de que el alcalde Barcala podría incurrir en un delito de prevaricación al no cumplir con la normativa estatal y europea sobre la implantación de ZBE. Por ello, anuncia, además, que su formación instará, a través de sus diputados en Madrid, a que el Gobierno de España vigile el cumplimiento en Alicante de la Agenda 2030.

En el mismo sentido se pronuncia el portavoz de Esquerra Unida - Podem, Manolo Cope. Considera que los acuerdos PP y Vox no ayudan en nada a los alicantinos y alerta de que los más de 15 millones de euros recibidos de Europa para la implantación de estas zonas de bajas emisiones podrían estar en peligro al no establecer ni restricciones al tráfico ni sanciones para los que las incumplan.

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También critica que otras medidas incluidas en el acuerdo PP-Vox, como la creación de una oficina antiabortista, la construcción de un nuevo museo taurino o la puesta en marcha de un servicio para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, "poco o nada van a ayudar a los alicantinos y alicantinas que están en una situación vulnerable".

Precisamente, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, justifica la creación de "una oficina para atender a mujeres embarazadas con dificultades económicas, sociales o familiares, no una oficina antiabortista, como quieren hacer ver los grupos progresistas".

Reacciones fuera del Ayuntamiento

Por cierto, que este polémico acuerdo entre PP y Vox ha sobrepasado incluso las fronteras del Ayuntamiento de Alicante. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, de visita hoy en Alicante, ha arremetido contra el pacto al considerar que se trata de un acuerdo que atenta contra la salud de los vecinos y que se está incumpliendo la legislación que viene de Europa.