Arranca el juicio de la parte pendiente del caso del 'pitufeo', en la macrocausa Imelsa
Se sientan en el banquillo los componentes del que se considera núcleo duro de Rita Barberá y están acusados de desviar casi dos millones de euros de dinero público para pagar gastos electorales del PP
Los acusados en el 'caso pitufeo' junto a sus letrados en la vista / Europa Press
Valencia
El que fuera vicealcalde de la ciudad de València Alfonso Grau, en su día mano derecha de la exalcaldesa y exsenadora, Rita Barberá; la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento Mari Carmen García Fuster; el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas, y el axedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón son los acusados de malversación y cohecho que se habrían cometido en las campañas de las elecciones de 2007 y 2011, financiadas con la supuesta caja B de los populares.
Concretamente se les acusa de haber usado tres fundaciones municipales para, supuestamente, desviar hasta 1'7 millones de euros de dinero público para pagar esos gastos de las campañas electorales. Esta pieza es la que ya investigó el presunto 'pitufeo' en el seno del Ayuntamiento de València. Aportaciones de pequeñas cantidades en efectivo de entonces concejales, concejalas y asesores/as que el partido les devolvía posteriormente. En esta causa llegó a declarar, antes de morir, Rita Barberá y finalmente fue archivada al no poderse acreditar la relación entre esas donaciones y las campañas electorales.
En principio se llegó a dictar auto de procesamiento contra 49 personas entre las que se encontraban el propio PP y concejales y asesores del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de la capital en la época de Barberá como alcaldesa, por un delito de blanqueo en las elecciones municipales de 2015.
La Audiencia Provincial fue admitiendo los recursos de los procesados --incluido el partido-- y decretando el sobreseimiento de las actuaciones para todos ellos --con excepción de los cuatro que finalmente se sentarán en el banquillo-- y el Tribunal Supremo, por su parte, desestimó los recursos de queja contra los archivos acordados por el órgano provincial.
Fiscalía Anticorrupción solicitó en su día en su escrito de calificaciones provisionales hasta 15 años de prisión para Grau --investigado en el caso Azud y condenado por el Tribunal Supremo a nueve meses de prisión por aceptar relojes de alta gama por parte de un empresario que suscribió 16 contratos con el Ayuntamiento entre 2006 y 2015--, siete para García Fuster y cinco para Santón y Salinas. Esa cifra incluía los años de cárcel por un delito de blanqueo, que finalmente no se contempla.
En el caso de Grau, se mantuvo su procesamiento y el auto del instructor, que le atribuía un papel de "recaudador" de dinero para el PP en las elecciones de 2007 y 2011. El instructor atribuía a José Salinas y Juan Eduardo Santón el papel de cooperadores de la malversación al consentir contratos, a través de las fundaciones que dirigían, "de vago contenido prestacional y una significada onerosidad, sin una explicación suficiente en descargo de ello".
Respecto a García Fuster será juzgada por presunto cohecho en los comicios de 2011. En este caso, la Audiencia ordenó continuar la causa contra ella por la "supuesta percepción de dinero de origen desconocido pero vinculado no obstante a cobros de empresas por trabajos no demostrados o realizados con sobrecoste" en la campaña electoral de 2011.