La Plataforma por un Puerto Sostenible insiste en que las 900.000 toneladas de combustible de los macrodepósitos son "inasumibles para Alicante"

Alicante

La Plataforma por un Puerto Sostenible se reunirá con el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, el próximo lunes, para abordar el asunto que más les preocupa en este momento: la reactivación de macrodepósitos en el puerto, por parte de la empresa XC Business 90.

Un proyecto, ha recordado en Hoy por Hoy Alicante Sol Garcín, su presidenta, que estaba dormido desde 2018, y que desde el primer momento que se planteó, debería haber sido tumbado en los tribunales.

Ahora temen que el TSJ acepte con un informe favorable la instalación, que resurgió en conversaciones entre el nuevo Consell y el Ayuntamiento de Alicante durante el pasado octubre para un proyecto, insiste Garcín, "inasumible", en una zona rodeada de viviendas, dentro de un puerto urbano, y que afecta a la seguridad de toda la ciudad, con esas 900.000 toneladas de combustible que implica.

Recuerdan que hay tres administraciones implicadas, porque el Puerto depende del gobierno central, pero la Generalitat es la que debe emitir los informes preceptivos y el Ayuntamiento el que debería velar por la seguridad de sus ciudadanos; sin embargo, ha variado a una postura "de tibieza", después de años denegando por silencio administrativo la licencia.

Por ello, además de la acción política con esa reunión, anuncian acciones judiciales y movilizaciones.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Entre los argumentos que justifican de sobra su oposición, apunta Garcín el convenio firmado en 1995 entre todas las administraciones para trasladar los depósitos de entonces a la partida del Bacarot, que en el BOE ya señalaba, dice, los peligros y riesgos para la ciudad, incluido el tráfico por la autovía de los camiones cisterna, y su paso por institutos y colegios.

Recuerda también el informe ambiental preceptivo necesario "para un proyecto fraccionado, recuerda, en tres fases para eludir ese control, pero que desde la primera necesita" esa autorización. Y es que "no se puede obviar que van a cruzarse petroleros con cruceros", y hay riesgo de derrames, de que pueda verse afectado el BIC marino de Tabarca, e incluso la toma de agua para consumo humano, aparte de todas las playas desde Urbanova.

Además, recuerda, la Ley de Calidad ambiental de 2014 sigue vigente, y no se cumple la distancia de mil metros, y los depósitos se ubicarían a 60 metros de la fábrica de betún asfáltico y de la de fertilizantes químicos, ahora en el muelle 17, con el posible efecto dominó que pudiera generar cualquier accidente. Añade que el puerto no tiene retén de bomberos ni cuenta con los medios para atajar un accidente de ese tipo. "No nos merecemos esto y tenemos que tener claro el modelo de ciudad que queremos", concluye.