García Fuster asegura que se inventó al recaudador del PP por “no complicarle la vida” a los donantes
El exvicealcalde Grau dice desconocer cómo se financiaban las campañas electorales del PP en València
Mari Carmen García Fuster, en la entrada a la Ciudad de la Justicia, en una imagen de archivo / Cadena SER
València
La exsecretaria del grupo municipal del PP en València, Mari Carmen García Fuster, ha asegurado hoy en el juicio por el caso Taula que se inventó la figura del recaudador del Partido Popular para no complicar la vida a los donantes. En esta octava sesión, que se ha suspendido durante más de media hora para localizar unas grabaciones de conversaciones telefónicas de María José Alcón con su hijo y su hermana, han declarado como acusados Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster. Recordamos que se juzga el uso de fundaciones municipales para pagar actos de campaña del PP en las elecciones de 2007 y 2011.
La ex secretaria del grupo ha contestado a las preguntas de la Fiscalía y no de la acusación popular. García Fuster, que fue asesora desde 1991 hasta 2016, ha dicho que el grupo municipal tenía dos cuentas, y que una de ellas contenía los ingresos que hacían los cargos públicos del PP y los asesores, una cantidad a la que se refieren como impuesto revolucionario. Ella estaba autorizada en esa cuenta junto con Alfonso Grau, y la secretaria de la propia Fuster.
Pero en esa cuenta se ingresaban también, ha dicho, las donaciones de particulares que querían “ayudar” al Partido Popular, y todo el contenido de la cuenta se transfería después al PP provincial. La exsecretaria del grupo municipal ha asegurado que las donaciones fueron solo en 2010 y que la última fue de 100.000 euros. Según García Fuster, la hizo una señora de muy avanzada edad que era militante no del PP sino de Alianza Popular, y ha dicho que ese ingreso ayudó a cerrar el presupuesto de la campaña de 2011, que gestionaba la empresa Trasgos. Su abogado se ha referido a esa aportación de 100.000 euros como "donación estrella" y García Fuster ha especificado que la donante "fue Conchita García Lliberós".
La existencia de la cuenta de donaciones no la conocía Génova, ha reconocido, pero sí el PP provincial, y ha dicho desconocer que el partido a nivel nacional marca un presupuesto para la campaña. Preguntada sobre el recaudador, una figura sobre la que ella misma declaró anteriormente, ha asegurado que se lo inventó porque la investigación era “voraz” y se investigaba “a todos y por todo”. Por eso, pensó en inventarse un perfil que concentrara todas las sospechas para no complicar la vida de la gente anónima y desinteresada.
Sobre el merchandising, ha dicho que el responsable de la empresa contratada le pidió que le pagara en efectivo porque había cerrado la empresa y ella le dio la cantidad que le debía porque el grupo tenía dinero. En su caja fuerte, ha asegurado que uno de los sobres que se encontraron contenía solo 3.000 euros de estrenas de su tía y el otro contenía 1.000 euros correspondientes a la pedrea que ese año había tocado en la lotería al número jugado por el PP.
Grau dice desconocer cómo se financiaban las campañas electorales del PP de València
Por su parte, el exvicealcalde de València, Alfonso Grau, ha asegurado desconocer de dónde salía el presupuesto para las campañas electorales del PP de la capital valenciana. Grau ha contestado a todas las preguntas excepto a las de la acusación popular y ha negado haber sido amigo de Vicente Sáez, administrador de la empresa Laterne, a la que se contrató para llevar la campaña electoral del PP. Según su versión, solo conocía a su padre del hospital en el que ambos trabajaban como médicos. De Jesús Gordillo, ex asesor del PP que durante la instrucción confesó prácticas ilegales para sufragar los gastos electorales pero luego eximió al que fuera vicealcalde de València, ha dicho que se conocieron porque este militaba en Nuevas Generaciones.
El Ministerio Fiscal le ha preguntado por algunos contratos firmados por Grau para la proyección publicitaria de la ciudad en nombre del Centro de Estrategias y Desarrollo con la empresa Laterne. Ha explicado que los contratos, todos alrededor de 200.000 euros y en algún caso solo por tres meses de trabajo, y firmados entre 2004 y 2006, fueron para la difusión publicitaria y turística de València y los ha enmarcado en el momento de la Copa América. Sobre el precio, ha dicho que cualquier contrato de marketing y publicidad es más costoso.
También se le ha preguntado por siete transferencias realizadas desde el Patronato Turismo Valencia a Laterne por 600.000 euros y ha dicho no recordarlos. En cualquier caso ha asegurado que las decisiones se tomaban en la junta de patronos donde no solo estaba representado el Ayuntamiento sino las empresas privadas e instituciones como las cámaras de comercio o la feria. En cuanto a la Fundación Para la Innovación Urbana y Economía del Conocimiento, ha dicho que el ayuntamiento ni siquiera tenía la mayoría de los votos en su seno para tomar decisiones. Sobre los trabajos realizados, ha dicho que no guardó copias.
Por otra parte, preguntado por la Fiscalía sobre su relación con las constructoras Secopsa o Pavasal ha dicho que era estrictamente institucional porque algunas eran concesionarias de algunos proyectos del Ayuntamiento.
En la sesión de este lunes también ha declarado el exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD) y de la Fundación para la Innovación y la Economía del Conocimiento (Fivec), Juan Eduardo Santón, quien ha explicado que conoció a la empresa Laterne porque en 2002 ya había algún tipo de contrato con ellos y porque un primo hermano suyo empezó a trabajar allí en 2001. Ha señalado que los contratos con Laterne no los fijaba Grau y ha señalado que la empresa presentaba una memoria de los trabajos que hacía. Sobre los contratos con CEyD ha dicho que él reportaba de los mismos a la alcaldesa y al comité ejecutivo; y en Fivec era la directora ejecutiva la encargada del control de la ejecución de contratos. Se informaba al patronato de la fundación de los trabajos.
El último acusado, José Salinas, ha manifestado que ocupó el cargo de director de la Fundación Turismo Valencia en marzo de 1991 y ha dicho que su relación con Grau era "como presidente del patronato y en su condición institucional. Relación profesional". Sobre los contratos de la entidad con Laterne entre 2006 y 2008, el acusado ha indicado que se hicieron para un servicio de asesoramiento, aprobados por el patronato, y "conforme a la legalidad".
