PROVIA pronostica un 2024 de "vuelta a la normalidad" en la construcción en Alicante

Alicante

2024 será el año de la vuelta a la normalidad en la construcción en Alicante, después de haber cerrado el año pasado como el mejor para el sector desde 2007.

Así lo ha pronosticado en Hoy por Hoy Alicante Jesualdo Ros, secretario general de PROVIA, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia, que confirma la gran actividad que se ha registrado este último año tanto en la provincia como en la propia capital.

Asegura que existe una gran demanda de reposición y de inversión.

La provincia inició 8.783 viviendas el año pasado, lo que supera en un 17% el máximo anterior, que databa de 2018.

Unos datos positivos para Alicante, por el efecto arrastre que supone a efectos del PIB, de generación de empleo y mantenimiento (de hasta 50.000 puestos de trabajo) y desde el punto de vista fiscal, el que se generen 3,5 euros por cada euro invertido; un fuerte efecto recaudatorio, que cifra entre 48.000 y 80.000 euros por cada vivienda.

Eso sí, todas las viviendas de nueva construcción son caras, a precios altos, y es necesario hacerlas asequibles, a mitad de precio, dice, algo para lo que debe comprometerse la administración, porque está comprobado que sí "hay demanda para ese tipo de producto".

Un año en el que la Vega Baja y las Marinas han reforzado su liderazgo, demostrando "que estamos muy potentes en turismo residencial y en la inversión de dinero que viene desde fuera", señala. Lo malo es el tiempo que hay que esperar, porque el proceso inmobiliario es muy largo, y la tramitación administrativa es donde más se dilata y se llega a esos niveles de retraso.

La mayor parte de la actividad, de hecho, se ha concentrado en los primeros 6 meses, algo debido a toda la demanda acumulada en 2021 y 2022, derivada de la pandemia y de la crisis de Ucrania. "Hay tramitaciones que retrasan uno o dos años y es lo que ha ocurrido en 2023, que no se ha podido responder".

En este sentido, propone Ros mecanismos que permitan externalizar el control de un proyecto, sobre todo en la primera fase, de forma que los funcionarios y técnicos puedan comprobar en cuestión de días que se ajuste todo a la legislación estatal, local y autonómica, como sí hacen algunos ayuntamientos, y que propone hacer extensivo a todos, sobre todo a los más grandes, que son también los más recelosos y burocráticos.

Otro de los problemas es la tramitación urbanística. En este sentido, explica que "llevamos 12 años sin desarrollo de suelo, sin que salga al mercado poder construir vivienda asequible". Opina que "al sector se le había expulsado", y ahora hay que elaborar un reglamento de VPO, que esperan tener publicado para primavera, para que las viviendas a precio limitado, puedan estas disponibles n el tercer o cuarto trimestre de este año.