El fiscal ve acreditado que el PP de València cometió fraude electoral en 2007 y 2011
Están procesados el exvicealcalde de València Alfonso Grau; la ex secretaria municipal del PP Mari Carmen García Fuster; el exgerente de la Fundación Turismo Valencia José Salinas y el exresponsable de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Innovación Urbana Juan Eduardo Santón
23/01/2024 Los acusados en el 'caso pitufeo' junto a sus letrados en la vista, a 23 de enero de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Hoy se reinicia el juicio por 'el caso del pitufeo', ocho años después de su inicio. La vista por este procedimiento, la pieza A del caso Imelsa, arranca hoy con las cuestiones previas y las testificales de varios peritos. En total, se sientan en el banquillo cuatro acusados de las 49 personas contra las que se llegó a dictar auto de procesamiento y entre las que se encontraban el propio PP y concejales y asesores del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de la capital en la época de Barberá como alcaldesa, por un delito de blanqueo en las elecciones municipales de 2015. POLITICA Rober Solsona - Europa Press / Rober Solsona - Europa Press
Valencia
La Fiscalía Anticorrupción ha considerado probado que el PP de la ciudad de València "cometió fraude electoral" en los comicios de 2007 y 2011, porque "incrementó su presupuesto para las campañas mediante dinero obtenido de forma irregular".
El fiscal Fernando Maldonado ha leído este lunes su informe final en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia tras escuchar a los procesados y los testigos de la pieza A del caso Imelsa, en la que están procesados el exvicealcalde de València Alfonso Grau; la ex secretaria municipal del PP Mari Carmen García Fuster; el exgerente de la Fundación Turismo Valencia José Salinas y el exresponsable de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Innovación Urbana Juan Eduardo Santón.
Grau, de 83 años, está acusado de los delitos de malversación, cohecho en su modalidad continuada y falsedad documental, Fuster de un delito continuado de cohecho -por el que se le pide un año de prisión- y Santón y Salinas de malversación continuada y falsedad.
Maldonado ha subrayado que "cualquier acto de corrupción supone un gran reproche ético y moral, porque es una quiebra de la sociedad, de sus instituciones democráticas. Y cuando los políticos se presentan a las elecciones como paradigmas de la limpieza y la transparencia, y cometen fraude electoral, el reproche es mayor".