El letrado de Alfonso Grau pide la absolución: “No hay en ocho años de causa ningún elemento de cohecho, malversación ni falsedad”

València

El caso Taula queda visto para sentencia. El letrado del exvicealcalde de València, Alfonso Grau, ha pedido este martes la libre absolución de su cliente en el marco del juicio de la pieza A del caso Imelsa, el conocido como caso Taula, por “convicción técnica y jurídica”. Así lo ha afirmado durante la lectura del informe de la defensa de Grau en la Audiencia Provincial de València, en el que se ha dirigido a la Fiscalía para reprochar que el delito de falsedad documental se introdujera “al final”, lo que podría apuntar a la indefensión de su cliente. Según el abogado, no existe en ocho años de causa “ningún elemento de cohecho, malversación ni falsedad”.

Según el letrado, el proceso ha sido “atmosférico”, es decir, que se ha creado una atmósfera en la que todo parece corrupto y por lo tanto hay que buscar un culpable, algo que se ha hecho, denuncia, sin concreción es del qué, del cómo o del porqué.

Defiende el abogado que una cosa es hablar de contratos que no se cumplen o se cumplen mal y aun así el contratado cobra, y otra cosa diferente es hablar de contratos falsos, y afirma que los analizados no lo son. Además, dice que Grau es “ajeno por completo” a ellos.

Advierte asimismo el letrado de que la financiación supuestamente realizada a partir de aportaciones de empresas tendría que juzgarse como un delito de financiación ilegal de partidos políticos, y destaca que un auto de 2016 especificaba que, de haberse juzgado ese delito, este habría prescrito.

Sobre la declaración del exasesor del PP Jesús Gordillo, que primero delató y luego trató de exculpar a Alfonso Grau, ha considerado este testimonio “terriblemente extraño” y ha considerado que Gordillo estaba “en estado de necesidad”. El letrado se ha preguntado por qué cambió Gordillo su postura y si no habría estado más cómodo dejando las cosas como estaban. Cree que lo hizo porque le pesaba en la conciencia “la injusticia que había cometido con quien no lo merecía y decidió repararla” y denuncia que “solo prevé que la figura de los arrepentidos es válida y buena cuando beneficia a la acusación”.

Contrataciones

Sobre las contrataciones que se juzgan, ha explicado que en las mesas de contratación solo hay un concejal y el resto está formado por personal técnico e interventores, con lo que no tienen un carácter político. Asegura que las mesas valoran si en las propuestas hay deficiencias; si son subsanables las pasan a la oficina económico-presupuestaria para que haga un informe no político, solo técnico, que posteriormente vuelve a la mesa de contratación y de ahí a la junta de gobierno que la asume o la rechaza.

Además, ha recordado que las fundaciones que están en el marco de la investigación también tenían patronos y juntas con voz y voto, que formaban la mayoría, mientras que el Ayuntamiento solo tenía una serie de votos, nunca la mayoría.

La defensa se ha centrado en hacer ver que tanto la Fundación Turismo Valencia como el Centro de Estrategias y Desarrollo (CEYD) y la Fundación para la Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento (FIVEC) no eran entidades de derecho público sino de naturaleza privada y no sujetas a la Ley de Contratos del Sector Público. En consecuencia, no se les podría aplicar el delito de malversación.

Además, ha asegurado que las cuentas de las entidades estaban fiscalizadas y auditadas, y se ha preguntado por qué resulta sospechoso para la Fiscalía que Grau no tenga copia de los contratos con Laterne para las campañas electorales: “¿Si las entidades no tienen los contratos los tiene que tener él?”.

Santón utiliza su alegato final para defender su inocencia

Por su parte, el letrado de Juan Eduardo Santón ha explicado que su defendido no era un concejal electo sino un “concejal delegado de grandes ciudades”, una figura que ahora no existe en el consistorio. En concreto, se encargaba del área de innovación y por ello presidía FIVEC. Sobre el CEYD, ha recordado que no la creó el gobierno municipal del PP, sino el de la socialista Clementina Ródenas, y ha incidido en que el Ayuntamiento no tenía mayoría cualificada. Santón como presidente, dice su letrado, suscribía contratos en nombre de la fundación, pero era el Comité Ejecutivo quien aprobaba las contrataciones.

Juan Eduardo Santón ha sido el único de los acusados que ha hecho uso de su derecho a realizar un alegato final. En apenas unos segundos, Santón se ha declarado inocente y ha dicho que el proceso ha sido muy duro por tener que recordar detalles de cosas que habían tenido lugar hacía décadas.

El abogado de José Salinas, exgerente de Turismo Valencia, por su parte, ha pedido la absolución de su cliente, ha recordado que no era un funcionario público y que actuaba siempre por delegación. La defensa de la exsecretaria del grupo municipal del PP, Mari Carmen García Fuster, intervino en la sesión anterior, celebrada este lunes, después del informe de la Fiscalía.