Juzgan a un exconcejal de Cementerios en Calp por exhumar unos restos para enterrar a otra persona
La fiscalía solicitará una pena de 13 años de inhabilitación para el exconcejal además de un año de cárcel
Una corona de flores adorna uno de los nichos ubicados en un cementerio / Picasa
Un exconcejal delegado de Cementerios del ayuntamiento de Calp, Alicante, se enfrenta a una petición de 13 años de inhabilitación y un año de cárcel por exhumar los restos mortales de un nicho para enterrar en el mismo lugar a la abuela de un funcionario que también está procesado.
El juicio a los dos acusados se celebrará este miércoles a partir de las 9:30 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante por unos hechos ocurridos entre 2018 y 2019 cuando el concejal contactó con la empleada responsable de la administración del camposanto para informarse sobre uno de los nichos, ubicado junto a los restos mortales del abuelo del funcionario responsable de Personal.
Este último estaba interesado en enterrar a su abuela que estaba enferma y a la que le quedaban pocos días de vida, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV). La mujer le explicó que el nicho en cuestión estaba ocupado por un fallecido en el año 1973 que tenía derecho a usarlo a perpetuidad, esto es durante 99 años, pero la fiscalía ha concluido que los dos procesados presionaron a la empleada para que hiciera lo necesario, incluso saltarse la legalidad, para lograr la concesión.
A causa de que la mujer reiteró su negativa para vaciar el nicho y dárselo a la familia del procesado, los dos encausados redactaron una providencia en la que ordenaban la exhumación y la reducción de los restos del ocupante del nicho y su traslado a la fosa común, lo cual hicieron los sepultureros del cementerio para, horas después, enterrar a la abuela recién fallecida del funcionario.
Lo ocurrido, no obstante, trascendió y fue publicado por los medios de comunicación ante lo cual el exconcejal responsabilizó a la empleada del cementerio de la filtración y comenzó a tratarla de una forma hostil y a amenazarla con despedirla o degradarla.
La fiscalía solicitará inicialmente para cada uno de los dos procesados una pena de 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación en concurso con un delito contra la memoria de los muertos, y para el concejal pide además un año de cárcel por un delito de acoso laboral.
