Pasen y vean

Alcoy

El asunto de la Rosaleda es sencillo de explicar. En 2001, un ayuntamiento del PP (apoyado por un tránsfuga del PSOE) decide birlarles una zona verde a todos los alcoyanos para construir un parking privado que es un traje a la medida para Enrique Ortiz, promotor/especulador de cabecera del PP valenciano. El proyecto (que para más inri ha sido redactado por un familiar del alcalde) provoca el inmediato rechazo de un grupo de vecinos y de los ecologistas de la Carrasca, que consideran que además de privar a los ciudadanos de un espacio ajardinado se está cometiendo una ilegalidad urbanística. El aparcamiento se construye sin hacer caso a ninguna advertencia previa. Los críticos optan por la vía judicial y ganan por goleada al gobierno municipal. Desde el TSJ al Supremo se suceden sentencias en las que se considera ilegal esta actuación urbanística y en las que se condena a la corporación municipal a restituirla a su estado anterior.

Hasta aquí todo normal. Aunque sea con un considerable retraso y con la chapuza ya de cuerpo presente, la Justicia ampara a la ciudadanía ante un atropello cometido por una Administración pública. Lo que ya no es tan normal es que se hayan tardado 17 años en cumplir una sentencia judicial, prolongando de forma inexplicable la situación de ilegalidad. El insólito regateo entre denunciantes, condenados y judicatura ha sido un espectáculo inédito, en el que una institución como el Ayuntamiento ha perdido cualquier asomo de dignidad intentando que jueces y ecologistas se mostraran piadosos y le permitieran incumplir la ley aunque sólo fuera un poquito.

Es debate surrealista ha permitido que florecieran las teorías más delirantes. Desde los terrenos de la derecha se desarrolla desde hace años una furiosa campaña acusando a la Carrasca de perjudicar a todos los alcoyanos por el gasto de 4,3 millones de euros que supondrá la reparación de la plaza. Es el mundo al revés. Se culpa a los que denunciaron un delito y se exime de responsabilidad a los que los que fueron condenados por cometerlo; un grupo de privilegiados que por injusto que parezca no tendrán que rendirle cuentas a nadie por su sospechosa muestra de incompetencia.

Dado que no hay ni la más mínima duda de que los 13 ediles que perpetraron el desastre de la Rosaleda van a salir de rositas; desde aquí quiero proponer una solución imaginativa: mientras duren las obras de recomposición de la plaza, colóquense sus 13 fotos en el zaguán de la Casa Consistorial con un letrero bien grande que diga “Pase y vean: estos simpáticos muchachos nos han costado 4,3 millones de euros a todos los alcoyanos”.

Pagar no pagarían, pero el sofocón no se lo quitaba nadie.